“No es quién gestiona la autonomía, sino que la clase trabajadora carece de una herramienta política propia para dejar de ser gestionada”

El próximo 15 de marzo se disputarán las elecciones autonómicas de Castilla y León, ¿en qué contexto se dan y qué se juega en ellas?

Alba: Para empezar, tenemos que partir de que las elecciones autonómicas, en general, no son simplemente un mecanismo para elegir gobiernos ni un momento en el que se decida el rumbo político de fondo de las comunidades autónomas. En las sociedades europeas funcionan, sobre todo, como un dispositivo mediante el cual se traduce políticamente una reconfiguración ya en marcha, y se decide cómo se va a aplicar de forma concreta en los territorios y en la vida cotidiana de la población. No creemos que determinen el rumbo general, pero sin embargo sí consideramos que ordenan cómo se va a ejecutar.

Desde este punto de vista las elecciones autonómicas son un momento de especial relevancia para el funcionamiento del régimen político español que nace de la reforma del franquismo.También para comunidades con un papel subordinado dentro del Estado​​​​​​​ o que no ocupan una posición central en la política estatal​​​​​​​, en las que la comunidad autónoma no tiene una dimensión política tan relevante o en las que no entrañan un conflicto político latente.En las elecciones se genera un clima de debate político, y ahí es donde el socialismo revolucionario también tiene la oportunidad de colocar su posición, se presente o no a las elecciones.

Alex: En el caso de Castilla y León, estas elecciones se dan en un contexto en el que se superponen varios planos. En el plano más inmediato y local, permitirán medir el grado de desafección política y la profundidad de la derechización social, pero también el respaldo que siguen teniendo los gestores del régimen autonómico. En términos materiales, es poco esperable que de ellas se derive ningún cambio significativo en la vida cotidiana de la clase trabajadora. La Junta de Castilla y León es un dispositivo de gestión que puede tener un impacto relativo con sus políticas. Pero es sobre todo un aparato de pedagogía política, y ahora mismo el consenso sobre los temas centrales no va a ser discutido sea cual sea el resultado final: nacionalismo economico, militarismo y rearme, pacto social antiproletario.

Lo que puede variar es la forma en que esos consensos se modulan, el tono con el que se presentan y las alianzas que los sostienen. Por eso estas elecciones funcionan, en la práctica, como un referéndum indirecto sobre las alianzas y la forma de gobierno del Partido Popular en la comunidad: hacia su derecha con Vox, hacia fórmulas territorialistas como UPL o similares, o, cuando desde Madrid lo permitan, hacia el PSOE.

En un plano más amplio, estas elecciones se dan en una dinámica de choque entre bloques partidistas, particularmente en la estrategia de desgaste que la derecha española se ha marcado para este curso político. Como dijeron nuestros compañeros para las elecciones de Aragón, creemos que hay que las elecciones hay que entenderlas en clave estatal​​​​​​​. Desde Extremadura hasta concluir en Andalucía, el Partido Popular está intentando recomponer un perfil propio en un campo político cada vez más polarizado entre PSOE y Vox, en una dinámica que no es exclusivamente española, sino común a buena parte de Europa. Castilla y León va a ser uno de los escenarios en los que se ponga a prueba esta estrategia, la de la conferencia política del PP de 2025 que definió el papel que Mañueco y Moreno tienen dentro del Partido. En fin, lo que está claro es que aquí no está en juego una alternativa para la clase trabajadora, sino cálculos partidistas internos al régimen.

Alba: Finalmente, en un plano más general,estas elecciones deben entenderse dentro de la fase de​​​​​​​ de descomposición y declive relativo de las potencias agrupadas en la UE, en una fase marcada por una visible crisis global, competencia entre bloques, rearme y una creciente dificultad para sostener la legitimidad interna. Aquí tenemos que entender que Castilla y León es un territorio perfectamente funcional a esa reordenación, una suerte de espacio logístico, agrario y de recursos, donde las fuerzas políticas lo presentan como el resultado de procesos democráticos, cuando en realidad responde a una estrategia estructural que desborda por completo el ámbito autonómico.

En definitiva, estas elecciones mostrarán que, más que un momento en que los políticos profesionales vayan a cambiar la vida de la clase trabajadora, son precisamente los intereses de la clase trabajadora los que están ausentes entre tanto juego partidista.

¿Cómo afectarán los resultados de las elecciones de Aragón en Castilla y León?

Alba: Las elecciones de Aragón realmente no han dado grandes sorpresas. A pesar de las similitudes que pueden tener amplios territorios de Castilla, de León y de Aragón. Sus espacios políticos viven relativamente de espaldas y mirando a Madrid. Especialmente por el protagonismo de Vox, las decisiones en clave estatal van a pesar en estas elecciones más que las decisiones en clave territorial, un poco como ha pasado en Aragón.

Lo que sí que es previsible es que el estado de ánimo de derrota y hastío se instale aún más en la izquierda a la izquierda del PSOE, dado que no existe en Castilla y León una alternativa similar a Compromís o CHA capaz de absorber el voto de izquierdas. Esa ausencia intentará ser compensada por IU y Podemos en general, y en León y Soria por UPL y SoriaYa, seguidos de otros grupos municipalistas con escaso recorrido. A pesar del éxito que puedan cosechar, es muy difícil pensar que puedan compensar la caída general que su vía política representa.

Hay otro aspecto de las elecciones de Aragón que sí que puede condicionar la actuación de los agentes en Castilla y León, que es que el partido de Alvise ha estado cerca de entrar, muy cerca de IU. Este partido tiene candidaturas en las nueve provincias de Castilla y León y va a suponer una fuga de votos para Vox. Además, este partido está sirviendo de refugio a los cargos de de Vox purgados durante la última legislatura como Javier Teira. Esta competencia es algo que seguramente utilicen desde el PP para fraccionar el voto a su derecha, evitando la sangría que sufre el PP de Mañueco, y llevando a la campaña a buscar el gesto más radical de derechas para llamar la atención de su público potencial.

​​​​La cúpula de Vox en Ávila dimitió semanas antes de los comicios por la elección de su candidato. ¿Cómo interpretáis las disputas internas de Vox?

Alex: Vox está apostando para la Junta por perfiles claramente tecnocráticos, a pesar de que vaya a perfilar una campaña de impugnación "antisistema" como las que nos tienen acostumbrados. Eso adelanta la posibilidad de que pretendan entrar en el gobierno con consejerías con un plano un poco más definido que el que tenían hace cuatro años, o sin consejerías, pero con influencia clave en aspectos nucleares del PPCyL. Tener en listas a varios ex altos cargos de industria o del instituto de la competitividad empresarial (ICE) es una declaración de intenciones de lo que pretenden hacer en las Cortes estos cuatro años, condicionando de manera concreta las decisiones de la Junta dentro o fuera del gobierno, en aspectos clave de su gestión: desarrollo, infraestructuras, economía...

Esto deja de lado la alternativa que representaba Gallardo, un nacionalcatolicismo más ultra, más de calle, lo que por otro lado genera un espacio político aún más a la derecha de Vox que podría llegar a articularse dado el momento.

Alba: La relación de Vox con los territorios siempre ha sido terrible. La última polémica ha sido en Ávila, pero no hay ningún organismo local en que estaba ni hace cuatro años. Recordemos que solo hace dos años que se salieron de muy mala gana de las consejerías que ocupaban (agricultura, industria y cultura) por orden de Madrid, aunque visto lo visto tal vez la orden salió desde el despacho de Epstein.

Recordemos que el voto a Vox en esta zona es fundamentalmente urbano y de gente de 35-60 años. La red territorial de Vox palidece siquiera ante la del PSOE y no llega ni a las suelas a la del PP. Solo hay que ver el pequeño puñado de candidaturas que pudieron presentar a las elecciones municipales de 2023. A pesar de la falta de implantación, su proyección mediática a nivel nacional les permite seguir recogiendo el voto de las clases medias resentidas y los sectores más reaccionarios.Las disputas de dentro de su aparato, al menos en CyL, hay que leerlas como movimientos propios de una empresa que busca maximizar resultados y no como choques entre tendencias de su militancia. Esos choques se estarían dando en su entorno, entre el entramado de organizaciones y actores que orbitan bajo su paraguas: grupos nazis de calle, influencers, medios de comunicación, asociaciones... Ahí es donde se está configurando una fuerza social reaccionaria.

¿Cómo afectan en Castilla y León la reconfiguración internacional que estamos viviendo, las tensiones bélicas y la expansión de la industria armamentística?

Alex: Los fenómenos enumerados no son un telón de fondo, sino elementos concretos, con implicaciones materiales inmediatas, que nos ayudan a entender lo que ocurre en Castilla y León. Para empezar, formamos parte de un entramado burocrático-político como lo es la UE, y desde ahí tenemos que tener presente que las grandes decisiones estratégicas se toman de espaldas a la clase trabajadora, desde instancias alejadas de cualquier control democrático efectivo. Y aquí, obviamente, los territorios no "deciden" su propio rumbo, sino que ejecutan y absorben el camino que dicta Bruselas, cuando no el propio Trump a través de la OTAN, aunque tengan cierto margen de acción.

Alex: "Formamos parte de un entramado burocrático-político como lo es la UE, y desde ahí tenemos que tener presente que las grandes decisiones estratégicas se toman de espaldas a la clase trabajadora, desde instancias alejadas de cualquier control democrático efectivo".

Castilla y León no es un excepción. Al contrario, es un ejemplo bastante claro de cómo funciona esta cadena de transmisión. Como marco administrativo, la Junta actúa como una correa de transmisión de las políticas generales definidas en la UE y en el Estado, adaptándolas a las condiciones locales. En ese sentido, la reorientación belicista de la UE no se ha hecho esperar, redirigiendo las inversiones e infraestructuras en los territorios hacia el militarismo, atravesando de lleno a los territorios periféricos.

Sin ir más lejos, nuestra comunidad nunca ha destacado por este tipo de industrias, pero ya se están empezando a planear inversiones de cara a los próximos años. Hace unos meses varios agentes de la industria militar se dieron cita en el parque tecnológico de Boecillo para tratar la colaboración público-privada de las empresas del sector con la Junta, contando con la presencia del Consejero de Economía. Posteriormente, han empezado los primeros movimientos. Por ejemplo, Indra ha anunciado que invertirá unos 40 millones de euros en Castilla y León para crear un polo de defensa de drones militares, estableciendo establecerán plantas en Villadangos del Páramo (León) y Valladolid.

Alba: Por eso mismo, las elecciones no anuncian grandes cambios en la orientación general, más allá del envoltorio con el que se nos quiera presentar esta reorientación: si va a ser de la mano de un nacionalismo más agresivo, de una llamada a la "defensa de la democracia occidental" o en un tono más tecnocrático de competitividad y modernización. En todo caso, el resultado material va a ser el mismo. Lo que va a variar es cómo se distribuyen los costes sociales y económicos de estos proyectos y planes.

Lo previsible para estos años es que las diferencias que hay entre los territorios se agudicen, profundizando más la situación de envejecimiento, despoblación y degradación ambiental de las distintas zonas rurales, profundizando la depauperización general de la población de las cabezas comarcales y ciudades pequeñas, profundizando la estratificación social en las ciudades más grandes. Ejemplos recientes de esto los podemos encontrar en el cierre de la azucarera en la Bañeza, el del taller de Renfe en Miranda de Ebro o el declive de Medina del Campo tras el cierre de Made. Todo el mundo es consciente de esto, aunque no lo diga.

"El tablero político regional que viene es un juego de suma cero entre élites de ciudad para ver quién amortigua mejor los efectos de la crisis europea".

En este contexto, el tablero político regional que viene es un juego de suma cero entre élites de ciudad para ver quién amortigua mejor los efectos de la crisis europea. De ahí que el modelo de pacto y conciliación clientelar del PP se esté agotando, porque el juego de suma a cero no da para todos. Desde 2020 hasta 2025 ha sido el periodo de los grandes anuncios de inversiones industriales en economía verde: las fábricas de biomasa y de hidrógeno verde en la provincia de León, la fábrica de baterías Inobat y de autobuses eléctricos en Valladolid, el puerto seco logístico en Salamanca... Casi nada de ello ha llegado a 2026 y hemos empezado con la siguiente ronda de anuncios: fábricas de drones, bases inteligentes de cazas, ciberseguridad avanzada, fábricas de explosivos...

En Castilla y León se habla desde hace mucho en términos de “abandono”, "despoblación" o“falta de inversiones”, ¿cómo interpretáis esta cuestión?

Alba: Son términos que se han convertido en el comodín para explicar lo que ocurre en Castilla y León, pero desde nuestro punto de vista son conceptos engañosos porque describen efectos reales sin explicar sus causas. Es decir, para nosotros el problema de fondo no es simplemente el abandono, sino la integración subordinada del territorio en la economía estatal y europea. La desigualdad territorial no es un accidente ni un fallo de gestión, sino el resultado de decisiones políticas perfectamente racionales desde el punto de vista del capital.

¿Por qué racional?

Alba: Porque Castilla y León cumple una función estructural dentro del marco europeo contemporáneo: es fundamentalmente un espacio de extracción de valor agrario, energético y logístico, y, al mismo tiempo, reserva de mano de obra que se expulsa hacia otros polos económicos. Desde nuestro punto de vista no es un territorio olvidado, sino un territorio utilizado de una manera muy concreta, que no está pensada para sostener poblaciones estables ni para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Alba: "La desigualdad territorial no es un accidente ni un fallo de gestión, sino el resultado de decisiones políticas perfectamente racionales desde el punto de vista del capital".

Por eso cuando se habla de “abandono” realmente lo que está abandonado en Castilla y León es su clase trabajadora, no el capital ni los grandes intereses económicos. Muchos sectores empresariales han sido y siguen siendo ampliamente subvencionados. La Política Agraria Común, los fondos Next Generation, las ayudas a la industria del automóvil o a las energías renovables muestran que el dinero público fluye de forma constante hacia determinados actores. Incluso las declaraciones más frívolas, como las de grandes empresarios tecnológicos planteando convertir las zonas despobladas de Europa en gigantescos data centers, reflejan bastante bien que este tipo de territorios se piensan desde arriba como soportes materiales, y no como espacios habitados por una clase trabajadora con necesidades propias. Más allá de la anécdota, ese enfoque resume una lógica estructural.

Alex: Las narrativas como la de la “España vaciada” tienen éxito porque conectan con experiencias reales, como la emigración forzada para poder trabajar, el deterioro o la ausencia de servicios públicos, la precariedad de las infraestructuras, la degradación del medio rural a través de incendios recurrentes o industrias contaminantes. El problema no es que estas narrativas sean completamente falsas, sino que son superficiales y sustituyen el análisis del conflicto de clases por una explicación territorial abstracta, ocultando el papel concreto que juega Castilla y León en la economía estatal y global.

En ese contexto emergen con más fuerza las candidaturas territoriales. Primero como escisiones del propio Partido Popular, como el caso de X Ávila, y también como proyectos que ya tenían presencia institucional previa, como UPL o Soria Ya. Estas fuerzas han logrado capitalizar el malestar territorial y obtener cuotas de poder en ayuntamientos y diputaciones. Sin embargo, su impacto real sobre las tendencias de fondo ha sido mínimo y en la práctica representan una forma alternativa de mendigar recursos, no una ruptura con el modelo que genera el problema.

En última instancia, estas narrativas y estas salidas políticas desplazan el foco del conflicto central. El problema no es que falte unidad territorial, sino que falta una política propia de la clase trabajadora. Desde nuestro punto de vista, frente a estas explicaciones, la clave no está en profundizar el localismo, sino en reconstruir una perspectiva de clase, capaz de situar lo que ocurre en Castilla y León dentro de un conflicto social más amplio. Además, estas estrategias regionalistas no solo desdibujan el conflicto de clase, sino que fracasan incluso en sus propios objetivos declarados: no revierten la despoblación, no modifican las dinámicas de inversión ni mejoran de forma sostenida las condiciones de vida. Por eso no se trata de mendigar mejor, sino de organizarse políticamente desde una perspectiva de clase.

Castilla y León es una de las regiones con mayor expulsión de población joven. ¿Por qué creéis que ocurre esto?

Alex: La expulsión de población joven es, fundamentalmente, un mecanismo ligado a la especialización territorial de nuestra comunidad y a la centralización de capital. Esto ocurre en buena parte de los territorios "de interior de Europa", donde hay una especialización, un reparto de papeles. En los territorios en los que la especialización es la agricultura tecnificada, la consecuencia es que se expulsa mano de obra al carecer de empleo, pero también de muchas opciones propias del modo de vida urbano: servicios públicos, transportes, consumo...

El caso de Castilla y León es además uno con profundidad histórica y no debemos olvidar que el declive poblacional empezó hace ya un siglo, con un impulso brutal tras los planes de estabilización del franquismo que impusieron como polos de desarrollo Valladolid y Burgos, dejando el resto del territorio como granero. Y aun así, con el tiempo Valladolid, Burgos y las cuencas mineras leonesas se han ido convirtiendo también en zonas de emigración joven hacia otras ciudades de Europa, especialmente tras la crisis de 2008, cuando el estado de las autonomías terminó de enterrar la ilusión de una "redistribución territorial" que quedaban en segundo plano ante la agenda de la austeridad.

Alba: "En la cuestión de la juventud que emigra hay un factor que tampoco se suele mencionar mucho y es que dos terceras partes de las personas jóvenes que se van de ciudades pequeñas a grandes capitales son mujeres".

Alba: El papel de las instituciones, y en particular de la Junta, ha sido poner una alfombra. La política universitaria de la Junta es bastante clara, ya que no hay ninguna apuesta por la retención de la mano de obra que cada año se gradúa y eso se traduce en un puente para que las universidades de Castilla y León funcionen como granero de trabajadores cualificados para el resto del estado. Para los políticos profesionales esto es una muestra de "lealtad al Estado", y no hace ni dos semanas, el ahora alcalde de Valladolid, durante décadas consejero de la Junta, afirmó tajantemente que "Valladolid tiene que dar respuesta a las necesidades de Madrid", lo que refleja una mentalidad muy arraigada, especialmente en el PPCyL.

En la cuestión de la juventud que emigra hay un factor que tampoco se suele mencionar mucho y es que dos terceras partes de las personas jóvenes que se van de ciudades pequeñas a grandes capitales son mujeres. Una parte muy significativa de quienes se marchan desde ciudades pequeñas y medias hacia grandes capitales son mujeres jóvenes, no por razones culturales, sino porque la precariedad laboral, la falta de servicios y las condiciones sociales más conservadoras las golpean con más fuerza. Esta realidad, que el capital y sus partidos son incapaces de leer, ayuda a explicar la ligereza con la que los gobiernos del PP en la Junta han hecho concesiones a la extrema derecha en materia de derechos. No es casual que en la última legislatura existiera una Consejería de Familia que diluía las políticas de igualdad en un marco nacionalcatólico, ni que en varias provincias no se pueda abortar en la sanidad pública, concentrándose la mayoría de los abortos en una única clínica privada de Valladolid.​​​​​​​

Insistís en el limitado poder que hay en las autonomías para transformar las condiciones de vida de la clase trabajadora, ¿por qué creéis que es así?​​​​​​​

Alba: El sistema español de reparto de competencias entre Estado y autonomías ha creado un decorado en el que se marcan como decisiones políticas lo que es simplemente el traslado de órdenes desde el centro de mando capitalista del continente. Tras ese decorado, no hay posibilidad real de que un poder propio de la clase obrera pudiera no ya transformar, sino siquiera condicionar positivamente las condiciones de vida de la clase trabajadora del territorio. La autonomía de Castilla y León es un caso claro de un modelo de organización territorial del Estado mediante una regionalización "desde arriba", en oposición a los modelos federalistas. Frente al paradigma del autogobierno que acompañó la creación del Estado autonómico tras el 78, en Castilla y León se impuso una solución fundamentalmente técnica y administrativa: una comunidad diseñada como instancia intermedia de gestión y como correa de transmisión. Su propia configuración territorial responde a ese objetivo. La unificación de territorios muy dispares y la división de las cuencas mineras entre distintas comunidades autónomas no fue casual, sino una forma de evitar la constitución de un polo obrero cohesionado con capacidad de oposición política formal.

Esa arquitectura dio lugar a una comunidad percibida desde el inicio como un ente artificioso, sin una identidad política compartida, cuya función principal ha sido la gestión de políticas decididas fuera. Lo consiguieron solo parcialmente porque para amplios sectores sociales se consolidó más bien como una administración dedicada a gestionar lo existente. ​​​​​​​Es por ello que hay una grandísima desafección con esta autonomía y, sin embargo, no hay alternativa política que la enfrente. Este es uno de los motivos por los que todo ese descontento lo canaliza el nacionalismo español, que reclama más centralismo.

Alba: "La burguesía se parapeta en una institución desacreditada para imponer medidas antipopulares, que eviten el coste político de hacerlo desde el Estado".

Alba: El papel de la Junta como "solución técnica" del Estado al problema territorial se percibe claramente cuando se imponen las decisiones estratégicas del Estado y de la UE, que son gestionadas por la autonomía. De esta forma, la burguesía se parapeta en una institución desacreditada para imponer medidas antipopulares, que eviten el coste político de hacerlo desde el Estado. En Castilla y León, en particular, los políticos profesionales utilizan permanentemente, a izquierda y derecha y a todos los niveles, el mito arraigado de los "privilegios catalanes" o de los territorios forales para capear las críticas, azuzando el nacionalismo español. La mala situación de la vivienda, de la sanidad, del transporte, por poner tres ejemplos claros, se perciben como una mala gestión autonómica contra la clase trabajadora y no como una ofensiva por el capital europeo. La constante teatralización de la política española en torno a los agravios territoriales ofusca la percepción de que todos son modulaciones de la misma política centralizada que nace en la Comisión Europea y el Consejo de Ministros español.

Pero además hay otra dimensión que es importantísima, que es la de la pedagogía política contra la clase trabajadora. A la vez que la autonomía hace de gestora, hace de profesor: enseña lo que es posible y lo que no, y canaliza el descontento. Esto lo hemos visto de forma descarnada por la situación política concreta que tiene Castilla y León, utilizada por los partidos que la gobiernan para sus actuaciones. Por poner unos ejemplos: cuando el PP utilizó a la Junta para cargar contra la "selectividad fácil" de otras autonomías, cuando el PP utilizó la Junta para demandar la Ley de Amnistía o cuando desde Vox se ha utilizado su poder en la Junta para visibilizar su agenda en tema de control de las mujeres o propaganda antiecologista en el contexto de los incendios forestales.

En las últimas semanas se ha conocido el caso de Aranda de Duero, con sanciones administrativas a militantes comunistas por un homenaje antifranquista impulsadas desde un Ayuntamiento gobernado por una coalición de izquierdas. ¿Podéis hablar un poco más del papel de los partidos de izquierda?

Alba: El caso de Aranda de Duero encaja exactamente con lo que venimos explicando: cuando la política se reduce a “gestionar”, al final te encuentras con un partido que se dice heredero de una tradición de lucha obrera y ni siquiera es capaz de retirar unas sanciones por desplegar una pancarta. Que una acción de memoria antifranquista termine en sanciones administrativas impulsadas desde un ayuntamiento de izquierda no es una anomalía, sino una lógica política muy clara: cuando tocan gobierno, actúan como garante de la gobernabilidad.

Y esta lectura tenemos que hacerla en el contexto actual, donde, ante el avance del nuevo movimiento fascista, la socialdemocracia no combate la reacción, sino que señala como problema a los comunistas. Aranda muestra, en miniatura, cómo la izquierda institucional acaba siendo parte de esa pedagogía de la subordinación: enseña que incluso el antifranquismo es tolerable solo si es ceremonial, inofensivo y gestionado por ellos.

Alba: La izquierda a la izquierda del PSOE opera en esa lógica. Su horizonte se limita a una gestión “más justa” o “más sensible”, pero sin cuestionar el tablero en que juegan. Al final, contribuyen a reforzar la idea de que no hay alternativa fuera de lo institucional y de que la política se reduce a elegir quién gestiona mejor lo que ya está decidido. Consideramos que el problema no es quién gestiona la autonomía, sino que la clase trabajadora carece hoy de una herramienta política propia para dejar de ser gestionada.

Además, habría que señalar que su estrategia ya se ha completado: ser una muleta del PSOE. El proyecto de la izquierda socialdemócrata en este país ha culminado en este último ciclo político, contando con una correlación de fuerzas que lo hacía posible. Pero si ni siquiera han sido capaces de conseguir mejoras claras para nuestra clase en un contexto donde tenían todo a favor, ¿qué tienen ahora para ofrecernos? Más allá del lamentable espectáculo al que nos tienen acostumbrados, y al que semana tras semana le añaden un capítulo nuevo. Para nosotros la ruptura debe ser clara e inmediata.

Finalmente, ¿podéis explicar por qué sostenéis que el problema de fondo en estas elecciones no es de gestión, sino de ausencia de una alternativa política de clase?

Alex: Porque, en definitiva, esta cuestión de la "gestión" es realmente la gestión del Estado capitalista a nivel regional, de la institución política encargada de velar por las condiciones generales de la acumulación capitalista a través de sus leyes. Y en esa gestión la clase trabajadora tiene poco que ganar.

Desde una perspectiva comunista, todo nuestro trabajo debe orientarse en la construcción de una fuerza política que defienda nuestros intereses como clase. Y las elecciones, en este sentido, nos deben servir para este objetivo: ser capaces de poner encima de la mesa la sangrante ausencia de una alternativa política de la clase trabajadora. Y su reverso: denunciar el carácter de clase del Estado capitalista y las fuerzas políticas que lo componen. A un lado y a otro del arco parlamentario, sus políticas estarán ligadas en última instancia al mantenimiento de un régimen político en el que una minoría viva a costa del empobrecimiento del resto.

Alba: "El proyecto de la izquierda socialdemócrata en este país ha culminado en este último ciclo político, contando con una correlación de fuerzas que lo hacía posible. Pero si ni siquiera han sido capaces de conseguir mejoras claras para nuestra clase en un contexto donde tenían todo a favor, ¿qué tienen ahora para ofrecernos?".

Alba: Un buen ejemplo para explicar a qué nos referimos cuando hablamos de la unidad entre formaciones de distintos colores y de cómo tratan de camuflar los intereses de clase que les subyacen, serían los recientes anuncios de inversiones en industria militar para la comunidad que hemos citado antes. Estas medidas se venderán como positivas para los trabajadores, porque producirán puestos de trabajo que darán estabilidad a la región y contribuirán a reducir la despoblación. A su vez, siendo conscientes de que sólo reforzando militarmente a nuestros Estados se puede resguardar su posición imperialista, presenciamos un silencio cómplice del conjunto de los partidos políticos. Sin embargo, lejos de suponer la vía para la mejora de nuestras condiciones de vida, forman parte de un rumbo ya definido a escala europea, en el que el rearme y el militarismo aparecen como una salida reaccionaria a la crisis del capitalismo, y en el que los territorios compiten por atraer proyectos que no responden a necesidades sociales, sino a prioridades estratégicas del capital. Son una manzana envenenada.

El problema no es solo que estos proyectos beneficien a grandes capitales como Indra, sino que consolidan un modelo en el que la clase trabajadora paga los costes. Bajo la promesa de empleo y desarrollo, se refuerza una estructura que no mejora nuestras condiciones de vida. Al final, servirá para seguir alimentando el camino hacia una guerra que nuestra clase tendrá que pagar con sus vidas.

En definitiva, todas estas políticas muestran lo mismo: mientras no exista una alternativa política propia de la clase trabajadora capaz de disputar ese rumbo general, las elecciones solo deciden quién administra mejor su subordinación. El problema no es la falta de buenos gestores, sino la ausencia de un poder de de clase que pueda confrontar el marco en el que hoy se toman las decisiones fundamentales. Por eso, en el momento actual, la tarea central es construir una alternativa política de clase.