El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha intensificado la persecución contra los críticos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enviando cientos de citaciones administrativas a Google, Meta, Reddit y Discord para obtener los datos personales tras cuentas anónimas que rastrean o comentan la actividad de la agencia. Cuatro funcionarios gubernamentales y empleados de las tecnológicas consultados por The New York Times confirman el aumento de estos requerimientos legales, que permiten a las autoridades acceder a nombres, direcciones de correo, números de teléfono y otra información identificativa sin necesidad de una orden judicial.

A diferencia de las órdenes de arresto, que requieren la aprobación de un juez, las citaciones administrativas han sido emitidas directamente por el Departamento de Seguridad Nacional. Históricamente se utilizaban de forma "excepcional" para investigar delitos graves como la trata de menores, pero en el último año su uso se ha disparado contra perfiles que publican sobre redadas de ICE, convirtiéndose en norma. En septiembre, por ejemplo, el departamento exigió a Meta los datos de cuentas de Instagram que informaban sobre operativos en California, una orden que fue retirada antes de que un juez pudiera incluso pronunciarse tras ser impugnada por la ACLU.

Las empresas tecnológicas revisan cada solicitud antes de cumplir y, en algunos casos, notifican a los usuarios para que puedan recurrir en los tribunales. Google declaró que "revisa cada exigencia legal y rechaza aquellas que son excesivamente amplias". Sin embargo, los datos muestran una colaboración estrecha y efectiva: el número de personas retenidas en centros de ICE ha aumentado un 74% desde la llegada de Trump, superando las 68.000 este mes, y la agencia prepara una red de megacentros de detención con capacidad para 92.600 camas.

El caso más emblemático es el de las cuentas "Montco Community Watch", que alertaban en inglés y español sobre la localización de agentes de ICE en el condado de Montgomery, Pensilvania. El 11 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó a Meta los datos de sus administradores. La ACLU presentó una moción para anular la petición y, en una audiencia el 14 de enero, la abogada del gobierno Sarah Balkissoon defendió que el departamento actuaba "dentro de sus competencias para investigar amenazas a sus agentes". Dos días después, la citación fue retirada.

Sin embargo, esto no impide que las cuentas siguan publicando. El viernes colgaron un vídeo de estudiantes secundarios protestando contra ICE. La administración Trump, mientras tanto, sigue tejiendo una red de vigilancia y control sobre quienes osan cuestionar su maquinaria represivo-deportadora de la 'Gestapo de Trump'.