El Govern catalán vincula fondos sanitarios a que los médicos no alarguen bajas por salud mental

El Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya ha comenzado a informar a los centros de Atención Primaria de que, por primera vez, una parte de su financiación dependerá de la duración de las bajas laborales que concedan los médicos. Según ha podido confirmar SER Catalunya, el nuevo sistema de incentivos condiciona el acceso a un fondo adicional —que puede suponer hasta un 5% del presupuesto— a que las incapacidades temporales por patologías osteomusculares y de salud mental no se alarguen "más de lo debido". El objetivo declarado es "adecuar la duración óptima" de estas bajas a los manuales médicos.

La lista de objetivos al que ha tenido acceso la SER incluye por primera vez la petición expresa de reducir la duración media de este tipo de incapacidades. Fuentes del Departamento de Salud justifican la medida como "un estímulo para agilizar las pruebas o visitas médicas" que permitan tratar antes al paciente y, por tanto, acortar la baja. Aseguran que "no se trata de recortar derechos" sino de "poner orden", y subrayan que los incentivos "no afectan al presupuesto base de los centros, sino a compensaciones complementarias destinadas a mejorar su operatividad".

Las plataformas profesionales FoCap (Fòrum Català de l’Atenció Primària) y La Capçalera ya han respondido con un manifiesto en el que exigen la retirada inmediata de la medida. Eva Segura, vocal de FoCap, denuncia que se trata de una "coacción económica" que provocará una "pérdida de confianza" en la relación médico-paciente, ya que los pacientes pensarán "que no se es ecuánime a la hora de evaluar su capacidad para reincorporarse al trabajo". Segura advierte además de que la medida "atenta contra el código deontológico porque no se puede realizar un acto médico en función de si te darán o no un dinero". La Capçalera añade que la estrategia responde a una lógica de eficiencia económica y ahorro que sacrifica la protección de la población.

El caso ha llegado al Parlament, donde la CUP ha promovido una petición de comparecencia para la consellera Olga Pané, a la que se han adherido ERC y los Comuns. La diputada de la CUP Laure Vega califica la medida de "chantaje" que sitúa a los médicos en la disyuntiva de "cumplir con unos objetivos vergonzosos o perder una parte del presupuesto". Vega advierte de que los fondos extra suelen destinarse a cubrir vacaciones, por lo que se acabará "condicionando el buen funcionamiento del centro a que las bajas no se gestionen de manera adecuada". Mientras la conselleria insiste en que "no hay intención de recortar bajas necesarias", los profesionales del sector alertan de que la presión económica sobre el acto médico acabará pasando factura a los pacientes.