Dos exdirigentes de un “sindicato” policial, acusados de malversar 10.522 euros en comidas, viajes y gastos irregulares

La Ciudad de la Justicia de València ha acogido esta semana la vista oral contra el que fuera secretario general y el exsecretario de Tesorería de los comités regional y provincial de la Confederación Española de Policía (CEP) en el País Valencià. Ambos están acusados de administración desleal por presuntas irregularidades cometidas entre finales de 2018 y 2019 en la gestión de los fondos del sindicato, según ha publicado Levante-EMV. El Ministerio Fiscal solicita 18 meses de prisión para cada uno y el pago de una indemnización, mientras que la acusación particular eleva la petición a dos años y medio de prisión al considerar que defraudaron 10.522 euros en beneficio propio.

Un informe pericial encargado por la Comisión Nacional de Revisión de Finanzas de la CEP, elaborado por un economista y reproducido durante el juicio, concluye que hubo "una pésima gestión de los recursos económicos" y "dejación de las funciones de contabilidad". El experto detectó numerosas salidas de caja injustificadas sin documentación que acredite su motivación, así como gastos "abusivos" por desplazamientos desde los domicilios particulares de los acusados y desembolsos "desproporcionados" en comidas y cenas "sin aparente razón justificada", la mayoría en localidades como Torrent, Sedaví o Alfafar. También se cuestionan pagos en bares con anotaciones sin detalle de conceptos y la compra de alimentos perecederos para regalar a afiliados sin justificación.

Los acusados, que se declararon inocentes, defendieron que todos los gastos eran "habituales" y estaban enmarcados en su labor de "representación sindical". El exsecretario general aseguró que los pagos respondían a una "estrategia para captar y retener afiliados" en un momento en que la asociación emergente Jusapol "estaba pegando fuerte" y el lobby policial tradicional "se estaba desangrando". Calificó su trabajo como "de barro" y afirmó que antes de pasar cualquier gasto se preguntaba si lo hacía como persona o como secretario "sindical". Sobre los gastos de kilometraje, justificó que decidieron "no alquilar un coche para ahorrar dinero al sindicato", usando los vehículos particulares pese a que el coste era "infinitamente menor".

El extesorero ratificó la versión y aseguró que el Comité Nacional de la CEP tenía constancia de todos los gastos y los autorizaba, ya que sin esa autorización "no podían introducirlos en el programa informático". La defensa, ejercida por el letrado Juan Carlos Navarro, atribuyó la denuncia a "diferencias internas" y a "una pugna por el poder", ya que el exsecretario aspiraba a ser secretario estatal y "quisieron quitarme del medio". Tras la celebración de la segunda y última sesión del juicio, el caso ha quedado visto para sentencia.