LaLiga consigue que un juez ordene a dos VPN bloquear páginas sin darles audiencia ni recurso
El juez que ya permitió a LaLiga identificar a usuarios de IP dicta contra dos VPN un bloqueo sin recurso, tachado como "ilegal" por las compañías por vulnerar el proceso.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba (Andalucía), a petición de LaLiga y Telefónica, ha ordenado a los proveedores de VPN NordVPN y ProtonVPN el bloqueo cautelar desde el Estado español de 16 direcciones IP utilizadas para la retransmisión ilegal de partidos de fútbol. La resolución, dictada por el magistrado Antonio Fuentes Bujalance, se ha adoptado "inaudita parte", es decir, sin dar audiencia a las empresas afectadas, alegando "urgencia" para garantizar su efectividad. Las medidas tienen carácter dinámico —permiten actualizar la lista de IPs en tiempo real— y no admiten recurso, lo que deja a las compañías señaladas en una situación de indefensión jurídica.
En este caso, tanto NordVPN como ProtonVPN han denunciado que "no tuvieron conocimiento del procedimiento hasta que aparecieron las informaciones en los medios de comunicación". ProtonVPN advirtió en un comunicado que cualquier orden judicial emitida "sin la debida notificación a las partes afectadas, negándoles la oportunidad de ser oídas, sería procesalmente inválida según los principios fundamentales del proceso legal". El juez considera a las VPN "intermediarios tecnológicos" sujetos al Reglamento Europeo de Servicios Digitales y, por tanto, "obligados a impedir infracciones cometidas a través de sus infraestructuras", una interpretación que las empresas afectadas rechazan frontalmente.
Fuentes Bujalance no es un desconocido en la campaña LaLiga "contra la piratería". En noviembre de 2025 ya autorizó a la patronal que preside Javier Tebas a solicitar a las operadoras los datos personales —nombre, dirección, DNI— de los titulares de direcciones IP vinculadas al uso de tecnología P2P para ver fútbol sin permiso. Aquella resolución, que consideró los archivos digitales como "ejemplares ilícitos", ha permitido a LaLiga enviar burofaxes a consumidores reclamándoles cantidades superiores a 200 euros, una práctica denunciada ante el Consejo Superior de Deportes por extralimitarse del permiso judicial.
La decisión del juez cordobés supone un salto cualitativo en la guerra contra la piratería: ya no solo se bloquean webs o se persigue a usuarios, sino que se ordena a herramientas diseñadas para proteger la privacidad y la seguridad que colaboren activamente en la censura de internet. Dictadas sin derecho a réplica y sin posibilidad de apelación, estas medidas convierten a LaLiga en juez y parte, situando a la justicia española al borde de vulnerar los principios más elementales del Estado de derecho. El precedente es gravísimo: si un juez puede, de espaldas a las empresas y sin recurso posible, ordenar a servicios de protección de datos que bloqueen contenidos a voluntad de un particular, la privacidad en internet queda en papel mojado y el control de la red pasa a manos de quien tenga mejores abogados y jueces complacientes.
