Las denuncias internas por violencia de género en la Policía se duplican en cuatro años: de 61 “casos aislados” a 121
Datos del protocolo de la Policía Nacional consultados por El Español revelan un aumento vertiginoso de las denuncias internas, mientras su exjefe es acusado de violación e Interior guarda silencio sobre los casos totales.
Las denuncias por violencia de género registradas en el seno de la Policía Nacional española se han duplicado en los últimos cuatro años, pasando de 61 "casos aislados" en 2022 a 121 en 2025, según los datos confidenciales del protocolo interno de actuación contra la violencia de género, a los que ha tenido acceso El Español. Este mecanismo, aprobado en febrero de 2021 y en funcionamiento desde principios de 2022, está diseñado para "atender situaciones en las que la víctima o el agresor sean funcionarios del Cuerpo en activo". En 2023 se registraron 87 denuncias y en 2024 fueron 96, un aumento sostenido que fuentes policiales atribuyen a "una mayor concienciación social y mejora de la confianza en los mecanismos de denuncia", aunque podría deberse también a la existencia de una ingente cantidad de "casos aislados" que han sido silenciados hasta ahora, o porque han aumentado.
Todo este período coincide con el mandato de José Ángel González como director adjunto operativo (DAO), máximo responsable policial ahora acusado de violar a una inspectora en una vivienda del Ministerio del Interior. González tenía entre sus funciones "velar por la correcta coordinación operativa y el funcionamiento interno de los distintos servicios policiales", incluidos los protocolos de "protección a las víctimas". Su presunta víctima, sin embargo, no utilizó este cauce interno y se querelló directamente ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha citado a declarar al ex DAO el próximo 17 de marzo. Ahora más mujeres policía contactan con el abogado de la denunciante y cunde el pánico en los chats de mandos, que temen que "se airee toda la mierda".
"El caso de la inspectora de Policía que acude a un punto violeta y no a sus compañeros nos demuestra que, al menos para este tipo de casos, ni las policías confían en la Policía", escribía Anibal Malvar el pasado sábado en una columna de Público. Los sucesos posteriores ayudan a imaginar por qué: la identidad de la denunciante del exjefe de la Policía se filtró en chats del cuerpo cuando se publicó la denuncia.
El "protocolo" establece medidas teóricas como "la retirada cautelar del arma al agente denunciado", "la prohibición de acceder a las bases de datos que puedan facilitar la localización de la víctima" y "la activación de sistemas de alerta", enunciados sobre el papel que dejan interrogantes en casos concretos, donde policías han matado, agredido y amenazado a sus parejas con su arma reglamentaria, mientras otros han llegado a utilizar las bases de datos, el sistema VioGén o dispositivos GPS para perseguir a las víctimas o manipular información comprometida sobre familiares presuntamente implicados en casos de violencia machista, como en el caso Granada (Andalucía) y Bilbo (Bizkaia, Euskal Herria). También contempla el cambio de unidad para los investigados que trabajen en servicios sensibles como la UFAM o la UCRIF. Para la víctima, ofrece "asistencia psicológica", reducción de jornada o excedencia sin necesidad de cumplir plazos mínimos. En Catalunya, condenaron a un mando de los Mossos por acosar a una agente que pidió reducción de jornada por maternidad. En el caso de la inspectora que ha denunciado a González, la investigación apunta a que el comisario Óscar San Juan, mano derecha del ex DAO, habría intentado comprar su silencio ofreciéndole el destino que quisiera, según consta en la querella.
Mientras Interior ha abierto un procedimiento para determinar si San Juan implicó a más agentes en esa maniobra, los datos reflejan una realidad incómoda: las denuncias internas aumentan, las cifras totales oficiales de violencia machista y abusos sexuales cometidos por agentes brillan por su ausencia y los altos cargos implicados en los casos más graves siguen gozando de impunidad hasta que la presión judicial los aparta, con una jubilación con sobresueldos vitalicios por sus medallas, gracias a una ley franquista vigente. La Policía, que dice ser "garante de la protección a las víctimas", se ve sacudida por escándalos que evidencia un problema específico de violencia machista en sus filas.
Dos veranos consecutivos con al menos el 15% de víctimas mortales de violencia machista asesinadas por policías o ex policías
En 2023 y 2024, en los dos años consecutivos, al menos el 15% de los asesinatos machistas de verano fueron cometidos por agentes o ex agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que representan el 0,3% de la población del Estado español. Los datos fueron extraídos a partir de la recopilación de casos concretos que aparecieron en prensa.
