Japón ofrece 300 euros por delatar a personas migrantes
Sanae Takaichi reactiva la ley de "cero residentes ilegales", con recompensas de 50.000 yenes a cambio de chivarse, generando un clima de acoso y tensión social.
El gobierno de Japón, presidido por Sanae Takaichi, ha puesto en marcha una política de "cero residentes ilegales" que incluye el pago de 50.000 yenes (unos 300 euros) a los ciudadanos que delaten a personas extranjeras en situación irregular, según ha publicado El Español. La medida se ampara en el artículo 66 de la Ley de Control de la Inmigración de 1951, una norma que permite al Estado incentivar económicamente la delación ciudadana. La ministra encargada de la política migratoria, Kimi Onoda, hija de padre estadounidense y madre japonesa, ha hecho de la "limpieza" del padrón de residentes su principal bandera, defendiendo que "la ley no admite excepciones" y que "la hospitalidad japonesa solo es válida para quienes respetan los términos de su visado".
Para evitar denuncias falsas, el sistema exige que el denunciante renuncie al anonimato y proporcione su identidad real, bajo amenaza de sanciones penales en caso de "acusaciones malintencionadas", refiriéndose a fraudes. Los funcionarios públicos tienen prohibido cobrar estas recompensas. Sin embargo, las asociaciones de derechos humanos advierten de que la medida amenaza con convertir cualquier "rostro foráneo" en un blanco de sospecha, y denuncian una "fractura social irreversible" que afecta incluso a los millones de residentes legales.
Delirios racistas
El Español recoge el testimonio de Pablo (nombre ficticio), un latinoamericano de 32 años en situación irregular por un error administrativo, que describe el clima de terror cotidiano que induce la medida: "Vives con un miedo constante. No es solo a la policía, sino a ciudadanos que se sienten legitimados para cazarte". Relata cómo un desconocido le siguió desde la estación preguntándole por su visado, y cómo otro grababa a un grupo de extranjeros en un parque preguntando a gritos si tenían papeles. A diferencia de otros países, Japón no establece un límite máximo para la detención administrativa, lo que puede derivar en encierros indefinidos en centros de internamiento mientras se tramita la expulsión.
La política de delación se produce mientras Japón comienza a perder capacidad de atracción internacional. Por primera vez en cuatro años, el número de extranjeros que abandonaron Tokio superó al de los recién llegados, con un saldo negativo de casi 400 personas, según datos del Ministerio del Interior. Prefecturas como Shiga, que compensaban la despoblación gracias a la inmigración, ven ahora amenazada su economía. Al poner precio a la deportación del vecino, el Estado altera la estructura moral de la convivencia y sienta un peligroso precedente para los demás países del mundo.Numerosas organizaciones internacionales han denunciado reiteradamente estas prácticas como una vulneración de los derechos humanos.
