Falsificaciones, cámaras ocultas en baños y agresiones sexuales: tres empresarios bajo sospecha
En 24 horas se han denunciado una firma falsa de un trabajador fallecido, cámaras ocultas en el baño de empleadas y presuntos abusos sexuales a una trabajadora con discapacidad.
Este viernes salieron a la luz en el Estado español varios casos de presunta delincuencia empresarial que apuntan a graves abusos, ocultamiento de responsabilidades y vulneración de los derechos más elementales de los trabajadores. En O Porriño (Pontevedra, Galiza), la Fiscalía solicita dos años de prisión para el administrador de la empresa Egozinver, acusado de falsificar la firma de un trabajador que "falleció" en un siniestro laboral el 18 de junio de 2020 en la nave del polígono de A Granxa, según informa Europa Press. El empresario, según el escrito fiscal, actuó "guiado por el ánimo de exonerarse de la responsabilidad penal" y habría presentado documentos con fechas simuladas de 2019 y 2020 para "hacer creer a la autoridad judicial que había impartido formación de seguridad al trabajador fallecido" y que le había facilitado los equipos de protección individual necesarios, cuando la realidad era bien distinta. Los hechos constituirían un delito de falsedad documental en concurso con estafa procesal en grado de tentativa.
En Zafra (Badajoz, Extremadura), la Guardia Civil ha detenido a un empresario como presunto autor de delitos contra la intimidad y revelación de secretos por instalar una cámara oculta en el aseo unisex de su empresa para grabar a sus empleadas, según informa Radio Extremadura. Fue una trabajadora quien alertó al Área de Investigación de la Guardia Civil, y los agentes verificaron la existencia de un dispositivo activado por sensor de movimiento, estratégicamente colocado en la mampara de la ducha, que grababa las veinticuatro horas del día. El empresario, titular de la sociedad, recibiría las imágenes en tiempo real en su teléfono móvil y las difundiría a través de WhatsApp, al menos a uno de sus contactos. De momento, tres mujeres han denunciado los hechos, aunque la investigación sigue abierta para identificar a más posibles víctimas y determinar desde cuándo se producían las grabaciones. El detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Zafra.
En Ciudad Real (Castilla-La Mancha), la Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará el próximo 3 de marzo a B.O.F., un empresario acusado de un delito continuado de agresión sexual a una trabajadora de su empresa de limpieza con un 65% de discapacidad psíquica reconocida, para quien la Fiscalía solicita 15 años de prisión, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press. El Ministerio Fiscal sostiene que el empresario, con conocimiento de la discapacidad de la trabajadora, aprovechó su situación de especial vulnerabilidad y su condición de jefe para mantener relaciones sexuales con la trabajadora. El informe médico forense recoge que la denunciante "no se encontraba en condiciones óptimas de conciencia y voluntad para consentir libremente" dadas su patología psiquiátrica y su condición de persona influenciable. Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita una indemnización de 30.000 euros, prohibición de aproximación y comunicación por 20 años, e inhabilitación para trabajar con menores durante dos décadas.
Los tres casos, que han salido a la luz en una misma semana, dibujan un patrón de abuso de poder en el ámbito empresarial donde la posición de superioridad se utiliza para explotar, humillar y agredir a quienes dependen de un salario para vivir. Queda la pregunta de cuántos casos similares permanecen ocultos, sin denuncia, por miedo a represalias o por la precariedad de quienes dependen del empleo como único medio de subsistencia, mientras la delincuencia empresarial sigue sin levantar ningún pánico moral y los sospechosos de delinquir siguen siendo los mismos en el imaginario social: los pobres.
