Pakistán ha declarado “guerra abierta” contra el gobierno de la República Islámica de Afganistán tras un bombardeo aéreo que alcanzó Kabul, Kandahar, Paktia y otras zonas fronterizas, en lo que supone la mayor escalada militar directa entre ambos países en años, según informan Al Jazeera y otros medios internacionales. El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, ha justificado la ofensiva como respuesta a “fuego no provocado” y “hostilidades” transfronterizas desde territorio afgano, especialmente en el área de la línea Durand, donde se contabilizan decenas de muertos en ambos lados de la línea de la frontera en los últimos días.

Según el gobierno de Islamabad, las fuerzas armadas paquistaníes habrían destruido varios puestos de la milicia taliban, disparado contra veintidós objetivos militares y eliminado a cientos de combatientes afganos, cifras que no han sido verificadas de forma independiente, mientras que Kabul sostiene haber capturado varios puestos militares paquistaníes y matado a decenas de soldados en respaldo a su propia ofensiva, cifras que tampoco han podido ser corroboradas. El portavoz del gobierno paquistaní para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, ha asegurado que “la operación continúa” y que la guerra solo terminará cuando el régimen talibán "asuma la responsabilidad" de su política de apoyo a grupos armados que operan en su territorio, frases que el propio gobierno afgano rechaza y tacha de "pretexto para justificar una agresión directa contra la población civil urbana".

En Kabul, algunos residentes han descrito escenas de pánico, cristales rotos y movilizaciones de emergencia tras escuchar explosiones y aviones de combate durante la madrugada, mientras en ciudades como Karachi se han sucedido manifestaciones de celebración por los ataques lanzados por el Ejército paquistaní, según reportes de Al Jazeera y otros medios de la región. El ministro de Interior de Pakistán, Attaullah Tarar, ha justificado una nueva prohibición de vuelo de drones y vehículos aéreos no tripulados en todo el país, alegando “amenaza de ataques” desde el otro lado de la frontera, y ha calificado al gobierno afgano de “ilegítimo”, acusándolo de reprimir a mujeres, minorías y niños y de “usurpar los derechos básicos de los ciudadanos”, declaraciones que el gobierno talibán rechaza y contrapone con su propia denuncia de bombardeos contra escuelas religiosas y campos de cultivo afganos, donde, según las autoridades talibanes, habrían muerto civiles y miembros de la familia en el mismo hogar.

Ante la amenaza de que el conflicto armado vaya a más, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido “alto el fuego de inmediato” y ha alertado del impacto de la violencia sobre la población civil, coincidiendo con llamados similares de la Cruz Roja Internacional, Irak, Irán, Turquía y Qatar, que han pedido de "retención", "diálogo" y "respeto de la integridad territorial de ambos países". El conflicto se debe a una línea de disputas históricas por la frontera Durand, los movimientos de milicias y la competencia de poderes extranjeros en la región, con Estados Unidos descartando intervenir y el presidente Donald Trump expresando su apoyo a la posición de Pakistán frente a Afganistán.