Cristina Seguí se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por señalar a una menor acogida por un matrimonio gay
La Fiscalía pide prisión para la agitadora por un delito contra la intimidad con agravante de discriminación por orientación sexual, tras publicar en un canal de ultraderecha los nombres y la residencia de la pareja acogedora y de la niña tutelada.
La agitadora Cristina Seguí, vinculada a la extrema derecha, se sienta este lunes en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de València acusada de revelar los datos personales de una menor tutelada por la Generalitat Valenciana y del matrimonio homosexual que la acogió, según ha informado elDiario.es. La Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión por tres delitos contra la intimidad con la circunstancia agravante de discriminación por orientación sexual, al haber difundido el 4 de noviembre de 2022 un vídeo en un canal de ultraderecha en YouTube en el que proporcionaba "datos de identidad tanto de la menor como de la pareja acogedora", incluyendo "sus nombres y apellidos, la profesión y cargo de uno de ellos y el lugar de su residencia", además de "comentarios despreciativos por razón de su orientación sexual".
El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público detalla que la acusada publicó ese día un vídeo en el que facilitaba información personal tanto de la menor como de la pareja acogedora. La acusación incorpora el agravante de discriminación por orientación sexual, al considerar que los comentarios vertidos contra el matrimonio homosexual formaban parte esencial de la intención de la autora. La pena solicitada, cuatro años y medio de prisión, supera ampliamente los 15 meses a los que ya fue condenada en un procedimiento anterior por humillar a una menor víctima de una violación, también por difundir su imagen y datos personales en redes sociales.
Seguí ha anunciado en un vídeo difundido en sus redes sociales que no está dispuesta a alcanzar "ningún acuerdo" con el Ministerio Público. Lejos de retractarse, la acusada ha arremetido contra la fiscal que ejerce la acusación —la misma que consiguió su condena anterior— y ha insistido en sus afirmaciones: "Lo repito aquí, en Valencia, la administración del Partido Socialista y Compromís han robado, y lo digo con mayúsculas, niños a las familias destrozándoles la vida para darlos a amigos afines". En el mismo mensaje, advierte: "Repito lo mismo que dije en 2022 y, si lo tengo que hacer desde una celda, señores, lo hago desde una celda".
El caso pone el foco del debate en los delitos de odio y el papel que cumplen algunos "medios de comunicación" ultraderechistas en la difusión de bulos y el acoso selectivo. La acusada, que construyó su notoriedad pública a base de polémicas y ataques contra colectivos vulnerables, se enfrenta ahora a la posibilidad de una condena que, de confirmarse, supondría su ingreso en prisión y sentaría jurisprudencia para combatir a ultraderechistas acosan y desinforman con impunidad. Mientras tanto, la pareja acogedora y la menor cuyos datos fueron expuestos a la morbosidad de los seguidores de la ultraderecha esperan que la justicia ponga fin a años de acoso y señalamiento.
