Otros cinco agentes condenados o procesados por acoso sexual en menos de una semana
Un guardia civil de Monforte paga una indemnización, se libra de prisión y volverá a su puesto después del periodo de suspensión, mientras un juzgado de Las Palmas cita como investigados a cuatro mandos de la Policía Canaria.
En menos de una semana han salido a la luz pública otros cinco "casos aislados" más de agentes de diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado condenados o procesados por delitos relacionados con acoso y agresiones sexuales contra subordinadas. El Tribunal Militar Territorial de A Coruña (Galiza) condenó a un brigada de la Guardia Civil destinado en Monforte de Lemos (Lugo) a seis meses de prisión por un delito consumado de abuso de autoridad en su modalidad de acoso sexual contra una subordinada, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press. El fallo establece además la suspensión militar de empleo durante el tiempo de la condena y el pago de una indemnización de 4.170,50 euros a la víctima por los daños psíquicos causados. El tribunal declara también la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para el abono de esa cantidad, al haberse producido los hechos durante el desempeño de las funciones policiales del agente.
Según consta en los hechos probados, en febrero de 2023 la víctima y el agente acosador sexual, junto a otros guardias civiles, prestaban servicio en la plana mayor de la compañía de la Guardia Civil en Monforte. La sentencia detalla que "en algunas ocasiones el brigada hacía comentarios con doble intencionalidad o distendidos o que pudieran tener una segunda interpretación con alguna connotación de carácter sexual". En varias ocasiones, el agente envió a su subordinada mensajes de contenido sexual a través de WhatsApp, entre ellos imágenes que tenían el objetivo de "hacer un requerimiento sexual", según reconoce el Tribunal.
La mujer le respondió que "no le mandara 'guarradas'". Sin embargo, ese mismo día, el brigada le remitió un vídeo en el que "tras verse la imagen de un incendio, aparece una mujer gritando mientras es penetrada violentamente por un hombre con su pene". La sala reconoce que este envío tuvo la aptitud para provocar en la agente una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. El tribunal subraya que se trata de "una proposición o insinuación sexual efectuada por un brigada de la guardia civil respecto a una guardia civil, subordinada directa, conducta que se lleva a cabo en horario laboral, mientras se encuentran desempeñando sus funciones", lo que reconoce como "conducta claramente atentatoria a la dignidad y libertad sexual de la guardia civil".
La sentencia recalca que estas conductas "siempre tuvieron lugar durante el desempeño de sus funciones profesionales, en horario laboral y desempeñando sus servicios reglamentariamente designados", y que se produjeron "exclusivamente, entre militares, en el transcurso del desempeño de actos de servicio". Por lo tanto, han tramitado la declaración de responsabilidad civil subsidiaria del Estado para pagar la indemnización. El fallo no es firme, ya que cabe interponer recurso de casación ante la Sala Militar del Tribunal Supremo.
Otro caso con cuatro agentes implicados en Canarias
Paralelamente, un juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria (Canarias) citaba a declarar para este 10 de marzo en condición de investigados a cuatro mandos de la Policía Canaria: un inspector, un subinspector, un oficial y un policía. Según han confirmado a elDiario.es fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la denuncia presentada por una agente del cuerpo imputa a los investigados, a nivel indiciario, cuatro presuntos delitos: agresión sexual, discriminación por razón de sexo, acoso laboral y prevaricación administrativa. El magistrado instructor ha abierto diligencias previas, aunque en esta fase inicial no ha calificado aún los hechos a la espera de tomar declaración a la denunciante y a los investigados, y la investigación tiene carácter reservado.
Entre los mandos investigados se encuentra Ángel Nichel Acosta, inspector que presidió el tribunal de las polémicas oposiciones para el ingreso de 141 agentes en la Policía Canaria, un proceso selectivo que también investiga la Fiscalía Provincial de Las Palmas tras las denuncias de un grupo de aspirantes por "un patrón de irregularidades". La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias, liderada por David del Pino, informó el pasado 20 de febrero de la apertura de una información reservada a los cuatro mandos y anunció su traslado a otra unidad para "garantizar que no coincidan con la denunciante", aunque fuentes internas recuerdan a elDiario.es que como en Gran Canaria solo hay una base, resulta "complicado" evitar la coincidencia en las instalaciones. La agente denunciante se encuentra de baja laboral desde hace meses como consecuencia de los hechos.
