El autoproclamado “Gobierno más progresista de la historia” convocó este jueves a la patronal y los sindicatos para anunciar que las grandes empresas energéticas no tienen nada que temer: aprobará un paquete de medidas fiscales que abaraten el combustible a costa del dinero público, en lugar de intervenir para frenar la especulación de las petroleras que está disparando los precios del carburante. Según ha informado la Cadena SER, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó rebajas fiscales para el campo y el transporte, y admitió que no repetirán la subvención directa de 20 céntimos por litro aplicada en 2022 porque fue "muy criticada". Sin embargo, el Ejecutivo del PSOE renuncia a cualquier medida que obstaculice, sancione o prohíba las prácticas especulativas de las compañías petroleras, que aprovechan la guerra en Irán para engordar sus márgenes de beneficio mientras la población sufren el encarecimiento de la gasolina y el diésel.

Cuerpo anunció que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "vigilará" la evolución de los precios en las 12.000 estaciones de servicio españolas, pero en ningún caso se plantean sanciones ni controles efectivos sobre las petroleras, que en los últimos años han acumulado beneficios récord gracias a crisis anteriores. El ministro evitó responder por qué, si el Gobierno es capaz de recortar impuestos, supuestamente para “aliviar el bolsillo de los ciudadanos”, no es capaz de obligar a las grandes energéticas a asumir parte del coste en lugar de trasladarlo íntegramente a los consumidores.

La decisión política de asumir con dinero público la factura de la especulación contrasta con los datos de beneficios de las petroleras que operan en el Estado español. Repsol, Cepsa y BP cerraron 2025 con ganancias millonarias gracias a los altos precios de la energía y a la permisividad del Gobierno de Pedro Sánchez, y ahora la escalada bélica en Oriente Medio les ofrece una nueva oportunidad para seguir engordando sus cuentas de resultados a costa de saquear los ahorros a la clase trabajadora. Mientras el Brent supera los 100 dólares por barril y el estrecho de Ormuz permanece bloqueado para los aliados de EE.UU. e Israel, Moncloa opta por seguir fomentando fiscalmente el asalto al bolsillo de la población en lugar de tocar los beneficios extraordinarios de las compañías o establecer un sistema de precios máximos que impida la especulación desbocada.

El ministro Cuerpo insistió en que la situación actual está "lejos" de la crisis de 2022 y que "no hay información fidedigna" para tomar decisiones más contundentes, una excusa que no resiste el menor análisis cuando los precios del crudo llevan dos semanas en escalada, las petroleras ya han comenzado a trasladar el incremento a los surtidores. Mientras el Ejecutivo del PSOE y sus aliados se preparan para inyectar recursos públicos en forma de rebajas fiscales, las grandes energéticas se frotan las manos ante una guerra que, como siempre, la pagan los trabajadores en forma de muerte y pobreza mientras los beneficios engordan las cuentas de resultados de unos pocos.