Alemania entierra el subsidio de desempleo y lo sustituye por un régimen de sanciones
El SPD y la CDU sacan adelante la conversión de la prestación en un subsidio básico que endurece los recortes, elimina el período de protección de la vivienda y excluye a los nuevos migrantes ucranianos del sistema general.
El Bundestag ha aprobado a principio de mes, por 321 votos a favor, 268 en contra y dos abstenciones, la reforma antiproletaria que transforma el subsidio por desempleo alemán, conocido como Bürgergeld, en una nueva "Grundsicherungsgeld" (subsidio básico) que endurece las condiciones para los perceptores e introduce un régimen de sanciones más severo, según informa el propio parlamento.
La coalición formada por la Unión (CDU/CSU) y el SPD respaldó el proyecto, que entrará en vigor de forma escalonada a partir del 1 de julio de 2026, mientras que la oposición en pleno —AfD, Verdes, La Izquierda— votó en contra. El nombre de Bürgergeld desaparece así después de una corta vida, en una reforma impulsada por la CDU que el SPD ha asumido con algunas resistencias internas, incluido un recurso de sus bases.
El nuevo texto legal prioriza la "colocación laboral" sobre la cualificación y restablece el "principio de exigencia" como eje de la "política social". Quienes rechacen un trabajo considerado "aceptable" o abandonen una medida de formación se enfrentarán a recortes de hasta el 30% de la prestación durante tres meses. Las faltas "injustificadas" a citas en la oficina de empleo se penalizarán con la misma reducción a partir de la segunda ausencia. El portavoz de la CDU, Carsten Linnemann, defendió la medida asegurando que se trata de "llevar a la gente al trabajo, no de gestionar el desempleo". Se elimina además el período de carencia para la vivienda, lo que significa que los perceptores podrán verse obligados a mudarse si su alquiler supera los límites establecidos, una medida que incluso los Verdes han reconocido como de "amenaza de quedarse sin hogar".
La reforma incluye también un cambio radical en el trato a los migrantes ucranianos que huyen de la guerra. Quienes hayan llegado a Alemania después del 1 de abril de 2025 quedarán excluidos del sistema general de prestaciones y pasarán a depender de la ley de asilo, que ofrece menos cobertura sanitaria, menos acceso a cursos de "integración" y prestaciones económicas aún más reducidas. La medida, que según el gobierno busca "ahorrar costes", ha sido denunciada por los Verdes como un "disparate burocrático" que generará un gasto adicional de al menos 77 millones de euros. El portavoz de Die Linke, Sören Pellmann, advirtió de que "las sanciones no crean empleo estable" y acusó al gobierno de apostar por "el miedo en lugar de la confianza".
La oposición ha cargado criticado el proyecto. Timon Dzienus, de Los Verdes, acusó a la coalición de "señalar a los más débiles" y de imponer "sanciones inhumanas". La ultraderecha, sin embargo, consideró la reforma "insuficiente": Gerrit Huy (AfD) denunció que "apenas supondrá un ahorro real" y reclamó medidas más drásticas si cabe, como la deportación masiva de personas migrantes. Mientras tanto, más de 5,5 millones de personas dependen actualmente de esta prestación, entre ellas 1,8 millones de niños y 800.000 trabajadores con salarios tan bajos que necesitan complementos del Estado. La reforma, que no necesita la aprobación del Bundesrat, entra en vigor en un clima de creciente vigilancia sobre el gasto social que contrasta con los miles de millones destinados al rearme y a la guerra.
