Siete fontaneros denuncian cuatro meses sin cobrar, despidos fulminantes y firmas falsificadas

Siete trabajadores de una empresa de fontanería en Illes Balears han llevado a la Inspección de Trabajo y a la Guardia Civil una trama de impagos, despidos fulminantes y falsificación de firmas, según publica Diario de Ibiza. Los empleados acumulaban cuatro meses sin percibir sus salarios, pese a que las constructoras para las que trabajaban como subcontrata aseguraban "haber abonado el dinero a la compañía". Cuando acudieron al Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (Tamib), la empresa ni siquiera se presentó. Los intentos de Diario de Ibiza por recabar su versión durante más de una semana han sido infructuosos: uno de los propietarios atendió una primera llamada pero después esquivó cualquier contacto.

La represalia llegó inmediatamente después de la denuncia. "Un par de días más tarde, cuando los inspectores se lo notifican a la empresa, esta nos dice que no podemos entrar más a la obra", relatan los asalariados afectados. Uno de ellos precisa: "Le puse la denuncia a las diez y pico, a las dos menos diez me despidió a mí y a mi hijo, en el mismo día". A la mayoría no les ha llegado carta de despido, solo han visto la baja en la Seguridad Social. Al trabajador con menos antigüedad le imputan en la liquidación "no haber pasado el período de prueba", a pesar de que en esos cuatro meses apenas había cobrado 800 euros, incluyendo horas extras. Para los dos empleados más veteranos, la empresa alega "causas objetivas de carácter económico, organizativo y de producción".

El fraude no se limita a los impagos. Los trabajadores denuncian que la empresa "habría falsificado sus firmas para justificar ante las constructoras que las nóminas estaban pagadas". "Allí, en la pantalla, porque esto va por plataforma, tiene toda la documentación y la firma nuestra la tiene en verde", comprobaron al reclamar a las empresas principales. "Cuando reclamamos, les dijimos que llevábamos tres meses sin cobrar, y ellos afirmaban que habían firmado, pero ¿quién ha firmado? No se sabe", se lamenta uno de los afectados. Las supuestas rúbricas de noviembre, diciembre y enero ya han sido denunciadas ante la Guardia Civil, que "investiga los hechos".

La vía legal se convierte en un callejón sin salida para quienes ya acumulan meses de deudas. Tras el fracaso de la mediación en el Tamib, los trabajadores necesitan un abogado para reclamar las cantidades adeudadas, pero ninguno puede costearlo, precisamente porque no les han pagado sus sueldos. Desde la Inspección de Trabajo les comunican que deben "esperar resolución", pero advierten de que la ley obliga a seguir acudiendo al puesto hasta tres meses después de la denuncia, sin cobrar. Las constructoras principales, mientras tanto, se lavan las manos y son acusadas de "juegar al ping-pong" con las responsabilidades, mientras los fontaneros ven cómo sus firmas son utilizadas para encubrir una trama que les ha dejado en la calle, sin dinero y sin justicia.