Texas declara culpables a nueve activistas anti-ICE acusados de "terrorismo"
Penas de hasta 60 años de cárcel en un juicio político que marca un precedente contra el movimiento antifascista: "Esto es solo el principio".
Un jurado de Texas ha declarado culpables a nueve activistas de "proporcionar apoyo al terrorismo", "disturbios" y otros cargos en un juicio que se ha convertido en una prueba de fuego para las libertades políticas en Estados Unidos, según informa The Guardian. Los acusados —Benjamin Song, Zachary Evetts, Autumn Hill, Meagan Morris, Maricela Rueda, Savanna Batten, Ines Soto, Elizabeth Soto y Daniel Sanchez-Estrada— se enfrentan a penas que van desde los 10 años hasta cadena perpetua por su participación en una protesta el 4 de julio de 2025 contra el centro de detención de migrantes Prairieland, en Fort Worth. La fiscalía los presentó como parte de una "célula terrorista de Antifa", una acusación sin precedentes en un proceso penal estadounidense que ha generado alarma entre las organizaciones de derechos civiles y los movimientos sociales.
Los hechos se remontan a la noche del 4 de julio, cuando un grupo de manifestantes vestidos de negro llegó al centro para realizar una protesta con en solidaridad con los detenidos. Según la acusación, "dos o tres personas se separaron del grupo y comenzaron a pintar coches, romper una cámara de seguridad y pinchar las ruedas de una furgoneta del gobierno". Los abogados de Song y coacusados sugirieron que el oficial sacó su arma primero de manera "agresiva" al llegar a la escena, y ante esto, Song disparó desde el bosque con su fusil AR-15, hiriendo al agente en el hombro. El juez Mark Pittman rechazó explícitamente esta explicación y los fiscales sostuvieron que se trató de una "emboscada coordinada", donde acusan a los manifestantes de "usar los fuegos artificiales para atraer a los guardias y atacarlos". La defensa, por su parte, argumentó que "la protesta era pacífica y que las armas, todas legales, se llevaron para autodefensa, pero que se dejaron en la furgoneta a excepción de una".
"Desmantelar Antifa"
La fiscalía ha vinculado a los acusados con la ideología antifascista como parte de la estrategia acusatoria. La fiscal general, Pam Bondi, declaró tras el veredicto que "antifa es una organización terrorista doméstica" y que el fallo "no será el último" en la cruzada de la administración Trump para "desmantelar antifa". Sin embargo, la defensa denunció que se trata de una "persecución política" y un "juicio falso" basado en ataques ideológicos. Los abogados señalaron que el estatuto bajo el que fueron juzgados no requiere pertenencia a ninguna organización, sino que "castiga a quien proporciona apoyo material para cometer delitos federales", en este caso "daños a propiedad del gobierno" e "intento de asesinato". "El gobierno les pide que metan a manifestantes en la cárcel como terroristas. Ustedes son los únicos que pueden pararlo", argumentó Blake Burns, abogado de Elizabeth Soto, durante su alegato final.
A pesar de la condena, el jurado absolvió a Evetts, Hill, Morris y Rueda de los cargos de "intento de asesinato y posesión de armas", y declaró a Song "culpable" de uno de los tres "intentos de asesinato" que se le imputaban. Los testimonios de varios testigos que aceptaron pactos con la fiscalía contradijeron la tesis de la "emboscada", admitiendo que se sorprendieron cuando la protesta derivó en choques con las autoridades. El juez Mark Pittman, nominado por Trump en 2019, llegó a preguntar a los fiscales por qué debía mencionar a antifa en sus instrucciones al jurado, subrayando la distancia entre el énfasis político del caso y la realidad técnica de los cargos. "Tanto si es antifa como si es el Auxiliar de Mujeres Metodistas de Weatherford, ¿qué importa?", ironizó. Christopher Weinbel, abogado de Daniel Sánchez-Estrada, acusado de "ocultar publicaciones de izquierda tras el arresto de su esposa", declaró: "Estados Unidos ha perdido hoy con este veredicto". El caso, que aún debe enfrentar la fase de sentencia y otras acusaciones estatales, sienta un peligroso precedente al equiparar la disidencia política con el "terrorismo" en un momento de creciente represión contra los movimientos sociales e inestabilidad política interna en EE.UU.
