Una solicitud ciudadana que pide "evaluar el encuadramiento legal, los riesgos para el orden público y la conformidad con los principios constitucionales" del Remigration Summit, un evento internacional previsto para el 30 de mayo en Oporto (Portugal) que, según la información de los propios organizadores, gira en torno al concepto de "remigración". Este término ha sido ampliamente identificado por medios de comunicación y entidades de monitoreo del fascismo como una propuesta que aboga por la expulsión colectiva de migrantes, incluyendo personas con residencia legal o nacionalidad adquirida, basándose en narrativas conspirativas de "sustitución demográfica" y principios de exclusión por origen étnico, cultural o religioso.

El documento, al que ha tenido acceso DIARIO SOCIALISTA, está dirigido a las autoridades portuguesas y ya ha comenzado circular, con referencias a la cobertura del Diário de Notícias, que ya informó sobre la asociación del evento a figuras y redes de la extrema derecha europea. La solicitud recuerda que la edición anterior del Remigration Summit, celebrada en mayo de 2025 en Gallarate (Italia), motivó la respuesta de las autoridades y la sociedad civil, con intentos de bloqueo político-administrativo por parte de responsables locales, un dispositivo policial reforzado y manifestaciones públicas de gran dimensión, según documentan medios como Infomigrants y La Unione Sarda.

Entre los organizadores y oradores vinculados a este evento figura Rocío de Meer (Vox), así como personas que han sido objeto de condenas judiciales por crímenes relacionados con el discurso de odio y prohibiciones de entrada o expulsiones administrativas en diferentes países europeos. La solicitud cita, entre otros al activista austriaco Martin Sellner, uno de los principales organizadores, vetado en Alemania y Suiza. También menciona las condenas relacionadas con la organización neofascista Schild & Vrienden en Bélgica, que ha aparecido en reportes de The Guardian, Swissinfo y The Brussels Times.

El escrito, de carácter informativo y preventivo, insta a las autoridades lusas a pronunciarse sobre el encaje legal del evento en territorio portugués y su conformidad con los derechos fundamentales y los compromisos internacionales asumidos por Portugal.