Acusan a Vox de financiar con dinero público los cursos de sus gurús

La presunta trama de Vox con el instituto ISSEP, propiedad de los asesores de cabecera de Santiago Abascal, ha adquirido una nueva dimensión cuando se ha revelado que la formación podría estar utilizando dinero público para becar a sus empleados y cargos en este centro privado. Según publica el diario La Razón, la mayor parte del alumnado de ISSEP —cuyos títulos no están homologados por el sistema universitario español— son liberados de Vox, tanto de la sede central de la calle Bambú como de las distintas instituciones donde el partido tiene representación. Los cursos, que incluyen "programas de liderazgo", formación para concejales o cursos de oratoria, tienen precios que oscilan entre 1.700 y 7.500 euros, y son costeados mediante convenios firmados entre el centro y los grupos parlamentarios de Vox en el Congreso, el Senado, asambleas regionales y consistorios locales.

Las revelaciones señalan que el entramado económico que estaría sosteniendo con las subvenciones públicas que reciben los grupos parlamentarios. En el caso del Congreso, el grupo de Vox percibe una asignación fija mensual de 30.346 euros más 1.746 euros por cada diputado, lo que suma unos 57.000 euros mensuales que pueden destinarse a becas de formación. Las fuentes internas consultadas por el diario confirman que es precisamente así como se financian los cursos de los empleados del partido en ISSEP, acusaciones que no han sido judicialmente probadas por el momento, pero que agravan la crisis interna en el partido. El instituto, cuya marca está registrada a nombre de Tizona Comunicación —la empresa que comparten los asesores Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza—, tiene su sede en el número 9 de la calle Nicasio Gallego, donde también están domiciliadas otras empresas de Ariza como Infovaticana o Ivat SL.

Vox vota en contra de las ayudas para los afectados por borrascas

Mientras estas filtraciones salían a la luz, en el Pleno del Congreso, Vox votaba en contra del real decreto ley que moviliza 7.000 millones de euros en ayudas para los damnificados por las borrascas que asolaron Extremadura y Andalucía en febrero. El decreto, aprobado con la única oposición de la formación fascista, contempla compensaciones económicas para más de 12.400 personas desalojadas —150 euros por persona y día—, ayudas para ayuntamientos de 2.000 millones y apoyo al sector agrícola y pesquero. Los rivales políticos de Vox señalan que el partido estaría desviando fondos públicos para formar a sus empleados en un centro sin homologar gestionado por sus asesores mientras niega recursos a familias que lo han perdido todo, a agricultores que han visto arrasadas sus cosechas y a municipios enteros que necesitan reconstruir sus infraestructuras.

Disidentes apuntan a una estructura empresarial

Sin embargo, esta crítica no es solo externa. Los disidentes que abandonaron sus cargos o que fueron expulsados, como el exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo o Javier Ortega Smith, respectivamente, llevan semanas denunciando que el partido se habría convertido en "una gallina de los huevos de oro" para la camarilla de Abascal, apuntando directamente a Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza como "una dirección en la sombra" en Vox.

El caso de ISSEP, de confirmarse, supondría que el dinero público que sale de las arcas del Estado terminaría financiando un negocio privado de los asesores del líder, que además estaría contratando como profesores a diputados y cargos del partido con sobresueldos. Mientras, los afectados por las borrascas, los que realmente necesitan el dinero público para sobrevivir, se encuentran con que los mismos que presumen de "defender a los españoles" les cierran la puerta. El escándalo ha motivado incluso la advertencia del portavoz de Vox José Antonio Fúster, que pese a negar las acusaciones, admite que usar datos de afiliados para promocionar estos fines "podría ir en contra de la ley".