232 menores migrantes expulsados de centros catalanes por pruebas de edad "poco fiables"

En los últimos cinco años, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) —ahora bajo la Dirección General de Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia (DGPPIA)— ha impulsado pruebas médicas para determinar la edad a un millar de jóvenes migrantes. Los resultados han decretado mayoritariamente la mayoría de edad y las autoridades han comportado expulsar inmediatamente de al menos 700 jóvenes de los centros de menores.

Sin embargo, la fiabilidad de este sistema ha sido —y sigue estando— puesta en cuestión por diferentes entidades, organizaciones y sentencias. Desde 2021, se ha demostrado que 232 de estos diagnósticos son falsos. Además, este hecho contradice el compromiso adquirido por el Gobierno en febrero de 2021, cuando anunció que se eliminarían estas pruebas en favor de la validez de los pasaportes y documentos oficiales.

Un método invasivo y científicamente cuestionado

Las pruebas se realizan a petición de la Fiscalía. Estas consisten en un examen de "maduración ósea y dental" que incluye radiografías de la muñeca, ortopantomografías dentales y tomografías de la clavícula.

La comunidad científica internacional y los institutos de medicina legal advierten que estas técnicas presentan márgenes de error significativos. En este sentido, las pruebas no tienen en cuenta factores étnicos o socioeconómicos que alteran el desarrollo físico. Al mismo tiempo, el propio Departamento de Salud reconoce en sus informes que "ninguno de estos métodos es óptimo ni infalible". A pesar de ello, las pruebas se siguen aplicando recurrentemente y la Generalitat, encabezada por el PSC, sigue utilizando los resultados de estas como evidencias definitivas para cerrar expedientes de tutela.

Otras irregularidades de las pruebas

En muchas ocasiones, las pruebas se han realizado a jóvenes que ya disponen de pasaporte o documentación legal. Teóricamente, el marco legal del Tribunal Supremo apunta que no se pueden hacer pruebas de edad a adolescentes documentados si el documento no presenta indicios de manipulación.

Pese a ello, abogados como Marta Llonch o Albert Parès han denunciado esta práctica reiterada en menores documentados y que les ha permitido ganar litigios. "Si se considera que un documento no presenta fiabilidad, hay muchas otras cosas que puedes hacer antes (…) Por ejemplo, contactar con las autoridades del país de origen para contrastar los datos", apuntaba la abogada Marta Llonch en El matí de Catalunya Ràdio.

Hasta el momento, el Portal de Transparencia de la Generalitat mantiene un silencio significativo sobre cuántos de los jóvenes sometidos a estas pruebas tenían la documentación en regla. Paralelamente, desde Derechos Sociales han argumentado que el volumen de expulsados es "bajo" en comparación con el total de tutelados. También se ha desinhibido de la situación señalando que la Fiscalía es quien ordena las pruebas. Diversos juristas, sin embargo, han recordado que no existe ninguna norma que obligue a la Generalitat a supeditarse al criterio de la Fiscalía si existen pruebas documentales de la minoría de edad.

Las consecuencias de la expulsión

Los jóvenes considerados mayores quedan en la calle, sin permiso de residencia ni derecho a vivienda. Aunque pueden recurrir la decisión, la justicia tarda entre seis meses y un año en dictar sentencia. El abogado Parés califica esta práctica de "negligencia muy grave" y acusa a la DGAIA de jugar con los plazos. "Es una manera de quitárselos de encima. Los echan fuera y, cuando ganan el juicio, muchos ya son realmente mayores de edad. Así se ahorran el dinero de mantenerlos", afirma Parés.

Los datos del 2025 confirman esta anomalía. La justicia ya ha obligado a readmitir como menores a 59 jóvenes que en el año 2024 habían sido determinados como mayores de edad por la Administración. Un "error administrativo" que, para estos jóvenes, se traduce en meses de desamparo y exclusión social.