El Gobierno mantiene en vigor contratos con Israel por 1.200 millones
El Centre Delàs denuncia que Defensa no ha anulado ninguna de las adjudicaciones a empresas israelíes posteriores al 7 de octubre de 2023, además de aprobar excepciones y mantener una opacidad total.
El último informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz publicado este jueves concluye que el Real Decreto-ley 10/2025, aprobado el 23 de septiembre de 2025 como respuesta a la presión popular para frenar el comercio de armas con Israel, no ha logrado poner fin a las relaciones armamentistas entre el Estado español e Israel. Según el análisis, el Ministerio de Defensa español no ha anulado ningún contrato adjudicado después del 7 de octubre de 2023 a empresas de seguridad y defensa israelíes, a sus filiales en el Estado español o a uniones temporales de empresas en las que participan dichas compañías. Estos contratos suman 1.208 millones de euros, e incluyen partidas como los misiles Spike LR2 (287 millones), el sistema lanzacohetes SILAM (697 millones) y el acuerdo marco POD Designador para sistemas de combate aéreo (207 millones).
La investigación del Centre Delàs señala que la política del Gobierno en torno al denominado “Plan de desconexión de la tecnología militar israelí” se caracteriza por una “notable opacidad”. Aunque altos cargos del Ministerio de Defensa lo mencionan, no se ha hecho público ningún documento que aclare su contenido ni sus efectos concretos. En diciembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la primera excepción a la prohibición de transferencias, permitiendo que se integran componentes israelíes en aeronaves como el A400M, el A330MRTT, el C295 y el dron táctico SIRTAP. Además, no se ha especificado si los 79 Programas Especiales de Modernización (PEM) de armamento aprobados incluyen componentes de la industria israelí, y tampoco se han aclarado posibles componentes israelíes en el programa del vehículo Dragón VCR 8×8, valorado en 2.612 millones de euros, cuyas primeras 30 unidades se entregaron en diciembre de 2025.
Uno de los hallazgos más importantes del informe es la maniobra de desinformación detectada en torno a los anuncios de contratos. Según el Centre Delàs, el Ministerio de Defensa ha anulado los anuncios de adjudicación o formalización de 35 contratos con empresas israelíes, pero eso “en ningún caso significa anular los contratos en sí”. Los contratos siguen en vigor, y las alternativas presentadas para los más cuantiosos mantienen la dependencia de la industria israelí. En el caso del misil Spike LR2, por ejemplo, la propia filial española de la empresa israelí Rafael, PAP Tecnos, propuso sustituir el misil por el MELLS, un desarrollo europeo del Spike que, aunque sus componentes no procedan directamente de Israel, sigue siendo de patente israelí. Para el sistema SILAM, el consorcio Escribano y Rheinmetall-Expal planteó una alternativa nacional que supuestamente deja fuera la transferencia de tecnología de Elbit Systems, pero el Ministerio de Defensa no ha aclarado si esa "alternativa" pasa por la filial alemana de Elbit Systems Deutschland o por el programa alemán EuroPULS, en el que participa la principal empresa armamentista israelí.
El investigador del Centre Delàs y autor del informe, Eduardo Melero, declara: “Ante la falta de transparencia, los subterfugios y la desinformación, es crucial que el Gobierno rinda cuentas respecto a la relación continuada con la industria militar israelí y rompa definitivamente esos lazos”. Más de 600 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la campaña Fin al comercio de armas con Israel, han presentado enmiendas para que la tramitación del decreto como proyecto de ley –paralizada desde octubre de 2025– incluya un embargo integral que prohíba contratar con empresas militares israelíes, sus filiales españolas y cualquier unión temporal de empresas que las incluya, así como medidas para impedir el tránsito de material militar por territorio español, que Madrid incumple sistemáticamente. La exigencia se extiende también a la Proposición de Ley presentada en julio de 2024 que blinda la figura del embargo, cuyo periodo de enmiendas permanece abierto sin avance. Mientras el Ejecutivo mantiene la opacidad y las excepciones, los contratos millonarios siguen vigentes, y la industria armamentista genocida israelí continúa operando en el Estado español con la connivencia del "Gobierno más progresista de la historia".
