El Parlamento Europeo aprueba la 'ICE europea'
La UE obliga a las personas migrantes a “cooperar activamente” en su propia expulsión bajo amenaza de retirada de prestaciones, sanciones penales y detención administrativa de hasta 24 meses.
El Parlamento Europeo ha dado luz verde este jueves al llamado "Reglamento de Retornos" con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, según informa la agencia EFE. La normativa, impulsada por una alianza entre el Partido Popular Europeo (PPE), los conservadores de ECR, los fascistas de Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN), permite a los Estados miembros deportar a personas migrantes a los llamados “centros de retorno” ubicados en terceros países, siempre que se haya suscrito un acuerdo previo y se respete el principio de no devolución. El texto continúa la vía Meloni de Italia, que en 2024 construyó centros en Albania que actualmente permanecen inutilizados por diversos motivos judiciales internos en Roma.
La normativa comunitaria endurece las condiciones para las personas migrantes hasta extremos nunca antes vistos en la unión. Se les exige “cooperar activamente” en su propia deportación, y en caso de negativa se les podrán imponer sanciones que incluyen la retirada de prestaciones sociales, la prohibición de trabajar y castigos penales que pueden llegar al encarcelamiento. Por otro lado, el internamiento “preventivo” se permite por “riesgo de fuga” con una duración máxima de 12 meses, prorrogable otros 12 en caso de falta de cooperación o retrasos documentales, lo que suma hasta 24 meses de reclusión administrativa. Para quienes sean considerados “una amenaza para la seguridad pública o nacional” bajo dudosos criterios, se prevé una expulsión prioritaria y podrán ser recluidos en prisiones separadas de los presos comunes, con prohibiciones de entrada indefinidas. Las apelaciones judiciales no paralizan automáticamente la expulsión salvo que el juez así lo decida a petición del afectado.
Los grupos socialdemócratas, verdes y de izquierdas no han podido impedir que se apruebe el texto. La vicepresidenta del Grupo Socialistas y Demócratas, Ana Catarina Mendes, declaró: “El resultado de este expediente confirma nuestras preocupaciones. Lo que estamos viendo no es un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha”. Sin embargo, el partido socialdemócrata danés, reciente ganador de las elecciones e integrado en el Grupo Socialistas y Demócratas, comparte un programa antimigratorio que prácticamente no se distingue de los fascistas.
Las formaciones de la izquierda denunciaron además que los grupos fascistas crearon un grupo de WhatsApp para redactar enmiendas y coordinar posiciones, evidenciando una cooperación mucho más estrecha de la conocida hasta ahora entre los populares y los partidos antes vetados por el "cordón sanitario".
Este nuevo reglamento antimigratorio sella el giro represivo de la llamada "Europa fortaleza", impulsado abiertamente por el PPE en alianza con las fuerzas de extrema derecha y parte de la socialdemocracia. Mientras una fracción de la izquierda institucional, impulsada por los movimientos sociales antirracistas, advertía de que los centros en terceros países abocan a detenciones prolongadas y arbitrarias que violarán derechos fundamentales, los populares y los fascistas reiteran su posición y la hacen valer en la eurocámara.
La propia experiencia italiana con los centros de Albania, por su parte, bloqueados por la justicia, muestra cuán frágiles han sido estas soluciones hasta ahora, puesto que externalizan la violación de derechos. Sin embargo, el texto que ahora ha sido aprobado no solo legaliza la detención masiva por motivos administrativos, sino que criminaliza la mera presencia de personas migrantes y convierte la solidaridad en delito. Esta misma tarde han comienzado las negociaciones en trílogo con la Comisión y el Consejo, con los populares confiados en que los acuerdos sean “relativamente rápidos”. El bloque de la derecha tradicional y los fascistas consolida así un marco que equipara la migración con la delincuencia y transfiere a terceros países la función de campos de concentración, ante la impotencia y la connivencia de la izquierda institucional.
