El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la existencia de una investigación judicial contra el jefe de la Policía Local del Concello de Teo (A Coruña), identificado como M. P., por su presunta implicación en un delito de falsificación de documento público y otro de encubrimiento de condena, según informa El Correo Gallego. El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago se encarga de las diligencias, mientras que la Policía Judicial de la Guardia Civil realiza las pesquisas. Los hechos investigados se remontan a la supuesta maniobra para simular el cumplimiento de una pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta a un hombre condenado por violencia de género.

La persona sentenciada tenía la obligación de realizar 60 horas de trabajo comunitario. Según la información recabada por los investigadores, los trámites habrían sido gestionados para que esas tareas se llevasen a cabo en las dependencias de la Policía Local de Teo, bajo la supervisión del propio cuerpo. Sin embargo, el condenado no habría llegado a realizar efectivamente esas horas. A pesar de ello, en los registros internos de la comisaría consta documentación oficial que acredita el “cumplimiento íntegro de la pena”, incluyendo partes firmados que dan por ejecutadas las 60 horas. No ha trascendido si el agente investigado y el maltratador guardan algún parentesco.

Los hechos salieron a la luz meses después, cuando la oficina encargada de la gestión de este tipo de penas en la provincia de A Coruña contactó con la Policía Local de Teo para consultar la posibilidad de que otro penado realizara allí trabajos comunitarios. La comunicación fue recibida por otros agentes, distintos al jefe investigado, que comprobaron con sorpresa que en el sistema figuraba ya que se habían realizado las 60 horas por parte del condenado por violencia de género. Según trasladaron posteriormente, esa información no se correspondía con la realidad de la actividad diaria en las dependencias. A raíz de ello, varios agentes del propio cuerpo presentaron una denuncia interna que dio origen a la apertura de diligencias.

En el marco de la investigación han declarado distintos miembros de la Policía Local, que coincidieron en señalar que no les consta la presencia del condenado en las instalaciones ni que se hayan realizado tareas durante el periodo en que supuestamente debía cumplir la pena. También ha comparecido la víctima de los malos tratos por los que el hombre había sido condenado.

La falsificación de documentos para eximir a un condenado por violencia machista de su castigo no es un error administrativo, sino una decisión que vulnera todo el sistema de justicia y expone a las mujeres a la impunidad de sus agresores. Mientras el juzgado instruye el caso, la Guardia Civil continúa con las pesquisas para determinar el alcance de la maniobra y si hubo más implicados en la trama.