El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, declaró este martes el estado de “emergencia energética nacional” debido a la guerra en Oriente Medio y sus consiguientes problemas de suministro de crudo, según informa The Guardian. La medida, con vigencia inicial de hasta un año, supuestamente autoriza al departamento de energía a "tomar acciones contra el acaparamiento y la especulación", así como a realizar pagos anticipados para asegurar contratos de combustible. El país, que importa el 98% de su petróleo del Golfo Pérsico, se ha visto gravemente afectado por el cierre del estrecho de Ormuz, que ha provocado que los precios del diésel y la gasolina se hayan más que duplicado desde que estalló la guerra el 28 de febrero. La subida ha dejado imágenes diarias de miles de trabajadores caminando hacia sus puestos de trabajo en las ciudades.

La secretaria de Energía, Sharon Garin, anunció que Filipinas se verá “temporalmente forzada” a depender aún más del carbón para mantener los costes eléctricos bajo control ante la escalada de precios del gas natural licuado (GNL). El país ya genera alrededor del 60% de su electricidad con carbón, y ahora planea maximizar la producción de sus plantas térmicas y aumentar las compras desde Indonesia, su principal proveedor. Al mismo tiempo, el gobierno filipino está gestionando con el Departamento de Estado de EEUU la posibilidad de obtener exenciones para importar petróleo de países sancionados por Washington, como Irán y Venezuela, según reveló el embajador en Washington, José Manuel Romualdez.

Los trabajadores denuncian decretos “antihuelga”

Mientras el ejecutivo aprueba medidas de urgencia para evitar un colapso económico inmediato asegurado, la Confederación Sindical Kilusang Mayo Uno (KMU) criticó duramente la declaración de emergencia, calificándola de “admisión del fracaso del gobierno para afrontar la crisis”. “La crisis no es nuestra culpa, es culpa de Estados Unidos por empezar una guerra”, lamentaba el sindicalista Jerome Adonis ante el corresponsal Al Jazeera. Su organización, la KMU, también denuncia que el decreto incluye cláusulas contra los trabajadores que podrían restringir actividades consideradas “disruptivas para la economía”, incluyendo las huelgas, en un momento en que los precios de los combustibles golpean los ingresos de las familias trabajadoras. La coalición de transportistas Piston ya convocó una huelga de dos días para este jueves y viernes en protesta por el aumento de los precios, exigiendo la eliminación de impuestos a los carburantes, la intervención estatal de los precios y aumentos salariales.

La crisis energética en Filipinas evidencia las consecuencias de una guerra imperialista que, mientras enriquece a las petroleras y al complejo militar-industrial, castiga a los países más vulnerables del Sudeste Asiático. El gobierno de Marcos, aliado cercano de Estados Unidos, se ve ahora obligado a pedir exenciones a Washington para poder comprar petróleo a los países sancionados, mientras los trabajadores filipinos pagan el precio del conflicto con salarios congelados, un coste de vida disparado y leyes antisindicales. La declaración de emergencia, que el propio mandatario admitió ante la prensa “no deja nada fuera de la mesa”, incluye medidas para proteger a las grandes corporaciones –cuyos directivos han respaldado los poderes de emergencia– mientras se prepara para reprimir las protestas de quienes reclaman soluciones estructurales y no más subsidios temporales que perpetúan la dependencia de combustibles fósiles y la sumisión a los intereses geopolíticos de Washington.