Inquilinos corren contra el reloj para enviar el burofax antes de que el Congreso tumbe la prórroga de alquileres

El Congreso de los Diputados convalidó este jueves el Real Decreto-ley 10/2025, que incluye el llamado “escudo social” para paliar los efectos de la guerra en Irán, con 175 votos a favor, 33 en contra de Vox y 141 abstenciones del PP y Podemos. El decreto contiene la prórroga de dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027, una medida que los sindicatos de vivienda califican de “insuficiente” y que, según todas las previsiones, será derogada en las próximas semanas. Junts, que apoyó la convalidación tras obtener beneficios para los autónomos, ya ha anunciado que votará en contra en el trámite parlamentario definitivo, por lo que la prórroga estará en vigor apenas unos días.

Podemos justificó su abstención por considerar las medidas “ineficaces, injustas y cobardes”, mientras el PP se abstuvo para “no facilitar ningún respiro al Gobierno” aunque se atribuyó “todo el copyright de las aprobadas rebajas fiscales”, insinuando que el Gobierno está cumpliendo con la agenda deseada por los populares. Y no es para menos: la convalidación del decreto, que incluye la prórroga de alquileres por la que miles de inquilinos se han lanzado a enviar burofax en los últimos días, se produce en paralelo a otras medidas aprobadas por el mismo Gobierno que consolidan el negocio inmobiliario y benefician a las grandes petroleras.

Por ejemplo, el decreto incluye en sus disposiciones adicionales nada más y nada menos que 17 bajadas de impuestos, entre ellas la rebaja del IVA al 10% para los carburantes que las petroleras Repsol, Moeve y BP han aprovechado para inflar sus precios entre 2 y 5 céntimos por litro, según denunciaba FACUA este mismo jueves. También facilita a las promotoras inmobiliarias el acceso a suelo público con concesiones que se extienden entre 40 y 80 años, una medida que garantiza décadas de negocio inmobiliario dorado para las grandes constructoras en base a terrenos públicos, mientras los inquilinos intentan rascar una prórroga que apenas les garantiza dos años más en sus hogares.

Ante esa inminente derogación, el Sindicato de Inquilinas ha lanzado una campaña urgente para que los inquilinos cuyos contratos finalicen antes del 31 de diciembre de 2027 envíen un burofax a sus caseros acogiéndose a la prórroga mientras la medida sigue vigente. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se hizo eco de la campaña desde la tribuna: “Aunque el decreto decaiga, hay posibilidad de batallar judicialmente si enviáis ese burofax”, en una intervención que se viralizó. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas habilitó la web poderinquilino.org, que en 24 horas recibió más de 230.000 visitas y cerca de un millar de descargas de formularios. La portavoz del sindicato, Valeria Racu, explicó que la prórroga “es obligatoria, pero no automática”, y que el envío del burofax es la única manera de quedar amparado por la legislación vigente antes de que caduque. Sin embargo, los propios sindicatos reconocen que no hay garantías de que los tribunales mantengan la protección una vez que el decreto sea derogado.

En contraste, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió el plan con el argumento de “proteger y preparar”, destacando que “20 millones de hogares verán reducida su tarifa de la luz” y que “llenar el depósito costará 20 euros menos”. Sin embargo, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, tachó el decreto de “insuficiente” y recordó que “no supone una bajada de alquileres, que es lo que necesitamos en un contexto de guerra, con precios máximos históricos y tras la caída de la moratoria antidesahucios”. La convalidación en el Congreso evita que la prórroga caduque el 31 de marzo, como se temía inicialmente, pero al igual que FACUA en el frente energético y de consumo, el movimiento de vivienda insiste en que la medida supone otro parche más, acompañado de medidas regresivas, y que no ataca las causas estructurales del problema.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez celebraba la ratificación del decreto con el apoyo de sus socios habituales, con Junts de momento en el redil, los sindicatos de vivienda advierten de que la verdadera política del Ejecutivo en materia socioeconómica se juega en otras disposiciones. La cesión de suelo público por décadas a promotoras privadas, la rebaja fiscal a las petroleras que estas han convertido en sobrebeneficios y la ausencia de medidas para limitar los precios del alquiler dibujan un panorama donde las condiciones de vida siguen supeditadas a los intereses del capital inmobiliario y energético.