El cuerpo de Haitam Mejri, “fallecido” el 7 de diciembre tras una intervención policial en Torremolinos (Málaga, Andalucía), presentaba “un número total de 86 lesiones externas objetivables”, según un informe pericial elaborado por el médico forense Andrés Curiel a petición de la familia y recogido por elDiario.es. El documento describe traumatismos “de alta energía”, compresión cervical y descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo. El análisis amplía una primera autopsia en la que el mismo perito concluyó que la muerte se produjo por una “parada cardiorrespiratoria secundaria” a un “politraumatismo” con sujeción, presión en cuello, tórax y extremidades, uso de irritantes y descargas eléctricas “prolongadas y reiterativas”.

La ampliación detalla la distribución de las lesiones: diez en cabeza y cuello, doce en torso, 29 en extremidades superiores y 35 en inferiores. Entre ellas, el perito identifica hasta 14 marcas en la piel compatibles con “al menos siete disparos o aplicaciones” de pistola táser en distintas zonas del cuerpo, incluyendo clavícula, brazo y espalda. Según el informe, estas marcas combinan quemaduras por contacto directo y lesiones por impacto de sondas. Esta conclusión contrasta con la respuesta parlamentaria del Gobierno español, “el más progresista de la historia”, en la que afirmó que las descargas se produjeron “únicamente en hombro y pierna”, según recoge elDiario.es.

El documento también da fe de una lesión contusa en la cabeza “de gran amplitud” que “sugiere un impacto de gran intensidad”, así como marcas compatibles con “maniobras de contención y compresión extrínseca cervical” y una posible “lesión por pisada o aplastamiento” en la zona de la nuca. Como se puede apreciar en los vídeos de la intervención difundidos por elDiario.es, los agentes golpearon a Haitam, le aplicaron gas irritante, lo inmovilizaron y utilizaron la táser en varias ocasiones. El perito señala que “existe una correlación topográfica entre las lesiones objetivadas y los vídeos visionados” y que todas se produjeron en un momento cercano al fallecimiento.

La investigación judicial sigue pendiente del informe definitivo del Instituto de Medicina Legal. El 16 de febrero, la jueza archivó provisionalmente la causa con el apoyo de la Fiscalía, porque consideraba que “no existía elemento jurídico ni fáctico” para una calificación distinta de “fallecido”. La familia ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial y denuncia que se están rechazando diligencias como la toma de declaración de testigos. Sus abogados denuncian que esto pone en riesgo la investigación y limita su capacidad de recurrir la decisión judicial.