Sánchez amplía a 80 años la cesión de suelo público a las constructoras y elimina límites a sus beneficios
El Real Decreto-ley de rebajas fiscales del Gobierno extiende de 40 a 80 años la cesión de suelo público a las empresas constructoras y suprime los límites anteriores a su rentabilidad financiera.
El autoproclamado "Gobierno más progresista de la historia" ha aprobado un Real Decreto-ley de rebajas fiscales con motivo de la subida de precios derivada de la guerra en Irán. La medida incorpora una cesión urbanística en su disposición adicional quincuagésima séptima; sin embargo, no guarda relación directa con las rebajas fiscales ni con las consecuencias bélicas. Permite a las promotoras privadas usar suelo público y gestionar las viviendas construidas en él durante ocho décadas, sin los topes previos a los cánones y beneficios que hasta ahora podían obtener.
Jacinto Moreno, secretario de Economía de Podemos, explicó en una entrevista que “antes había unas limitaciones sobre los cánones que se le podían pagar a estas promotoras privadas y ahora se han eliminado”. Pablo Echenique denunció públicamente la inclusión de esta disposición y señaló que ha sido una medida significativa, pero escasamente destacada en los medios de comunicación y los discursos políticos.
Con esta decisión, las grandes empresas constructoras obtienen mayor control sobre el suelo público y mayores márgenes de beneficio durante un plazo muy largo. Las familias trabajadoras, en cambio, ven reforzados los obstáculos para acceder a una vivienda a precios asequibles, en medio de una crisis habitacional que ya afecta gravemente a millones de personas en el Estado español.
El Gobierno de coalición introdujo la medida en el decreto fiscal —que tenía más probabilidades de ser convalidado en el Congreso— en lugar de hacerlo en el decreto específico de vivienda, que previsiblemente no será avalado. De esta forma, el Ejecutivo aprovecha la coyuntura de la guerra para introducir cambios estructurales que amplían los beneficios de los capitales de la construcción. Esta medida sigue la estela de los últimos años, en los que los gobiernos transfieren recursos públicos al sector inmobiliario, priorizando los intereses de las grandes empresas frente a las necesidades de vivienda de la mayoría de la población trabajadora.
