Condenan a cuatro años de cárcel un guardia civil por vender cocaína en la "narcomandancia" de Melilla
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifica la sentencia contra el agente que utilizaba la cantina del cuartel para vender droga a sus compañeros y compradores externos.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha condenado a cuatro años de prisión a un guardia civil en situación de reserva y a un cómplice civil por un delito contra la salud pública. La sentencia, difundida por la agencia Europa Press, considera probado que el agente utilizó la cantina y los alrededores de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla para distribuir cocaína al menudeo. La resolución judicial confirma los hechos ocurridos entre finales de 2021 y los primeros meses de 2022, periodo en el que el cuartel de la Guardia Civil funcionó como centro de operaciones para el tráfico de sustancias estupefacientes.
El esquema delictivo empleado por la mafia policial consistía en que el amigo del agente adquiría la cocaína en distintos puntos de la ciudad de Melilla para entregársela posteriormente al guardia civil en reserva. Según recogen los hechos probados de la sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, ahora validados, el agente se encargaba de la distribución final entre otros guardias civiles de la propia Comandancia y compradores ajenos al cuerpo. Los contactos para estas transacciones se gestionaban mediante llamadas telefónicas, mensajes y encuentros personales realizados dentro de las propias dependencias del Instituto Armado.
La investigación, desarrollada por la unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Melilla, documentó varios episodios de entrega de droga. Uno de los hechos más significativos recogidos por la fuente tuvo lugar el 11 de febrero de 2022, cuando el agente recibió la sustancia de su cómplice y la vendió apenas unos minutos después en el interior de la cantina de la Comandancia. En el momento de las detenciones, realizadas el 9 de marzo de 2022 en las inmediaciones del cuartel, los agentes que investigan el caso intervinieron dosis de cocaína con una pureza superior al 70%, además de teléfonos móviles, dinero en efectivo y el vehículo utilizado para los desplazamientos.
Pena rebajada un año porque las grabaciones "no pueden ser tomadas en cuenta"
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado en un año la pena inicial de cinco años que pesaba sobre el guardia civil al excluir como prueba válida las grabaciones de las cámaras de seguridad que la propia institución instaló en la cantina. El tribunal ha determinado que dichas grabaciones "no pueden ser tomadas en cuenta", aunque mantiene la condena de cuatro años y la multa económica basándose en el resto de las pruebas recabadas. Por otra parte, la sentencia absuelve a un tercer guardia civil que también estaba procesado al "no considerar acreditada" su participación directa en la red de distribución.
Al final del juicio, la Fiscalía ha solicitado que se impute un presunto delito de falso testimonio a los guardias civiles que comparecieron como testigos. Estos agentes, que según la investigación figuraban entre los clientes de su antiguo compañero, negaron los hechos durante la vista oral. Este proceso judicial convierte en un hecho incuestionable que en el Estado español también existe una relación entre las fuerzas policiales y el narcotráfico, donde incluso se utilizan de infraestructuras públicas y de los propios aparatos del Estado para el beneficio económico privado del narco, en un contexto donde el "control interno" de la institución no impidió que el cuartel operase como punto de venta de estupefacientes durante meses, y parte de los "mecanismos de control" de videovigilancia parecen no servir como prueba a ojos de los jueces.
