El Gobierno de Estados Unidos ejecutó este jueves una reestructuración drástica de sus centros de mando con el cese fulminante del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, y de la fiscal general, Pam Bondi. La destitución de George, confirmada por el portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell, obliga al oficial de carrera a retirarse de su cargo de forma "inmediata" tras apenas dos años y medio en su puesto. Según han informado cadenas estadounidenses como CBS y CNN, la salida del máximo responsable de las fuerzas de tierra se debe a una "relación conflictiva" con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otros altos mandos respecto a la toma de decisiones estratégicas en la actual guerra contra Irán.

De forma simultánea, el presidente Donald Trump ha forzado la salida de la fiscal general Pam Bondi, una aliada política que asumió la dirección del Departamento de Justicia en 2025, cuando la Casa Blanca se enfrentaba al escándalo por el caso del multimillonario pederasta sionista Jeffrey Epstein, vinculado a la clase dirigente estadounidense y especialmente al presidente Trump. Aunque el mandatario ha intentado suavizar el relevo en la red social Truth Social, afirmando que Bondi "pasará a un puesto en el sector privado". El mandatario optó por sustituirla por el fiscal general adjunto Todd Blanche, antiguo abogado personal del presidente, quien asumirá el cargo de forma interina.

La gestión de Bondi al frente del aparato jurídico del Estado no ha pasado inadvertida, puesto que estuvo plagada de errores que enfurecieron a los conservadores: ella misma alimentó las teorías de la conspiración al sugerir que la "lista de clientes" del pederasta estaba sobre su escritorio –algo que el Departamento de Justicia negó–, fue ridiculizada por entregar carpetas sin revelaciones nuevas a influyentes conservados, recibió duras críticas de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, por su "fracaso estrepitoso", y se negó a disculparse ante las víctimas durante una tensa audiencia en enero. Pese a que el Congreso aprobó una ley bipartidista que obligó al Departamento a publicar unos tres millones de páginas, la controversia continuó por las numerosas partes censuradas y la revelación de identidades de víctimas; el comité de supervisión de la Cámara citó a Bondi para testificar el 14 de abril, y su posible destitución podría reconfigurar la estrategia del Departamento de Justicia. A esto se suman los rumores de que el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin —descrito por Trump como su "arma secreta"—, podría ser el "sustituto definitivo" para profundizar en la persecución penal de los rivales políticos del trumpismo. En ese sentido, medios estadounidenses como Associated Press indican que el presidente reprochaba a Bondi "la falta de agresividad" contra sus adversarios políticos y los obstáculos encontrados en investigaciones importantes, aunque el propio Trump es otro de los grandes protagonistas de la trama Epstein.

Las maniobras gubernamentales en la jefatura militar y judicial en medio de una guerra y una tormenta política interna han sido interpretados por varios analistas como un intento de la administración Trump por cohesionar y disciplinar a sus mandos bajo una lealtad absoluta al poder presidencial. Mientras el general George abandona la estructura militar por discrepancias operativas en plena fase de agresión contra Irán, la fiscal general Bondi ha sido defenestrada tras un año al mando de la supervisión de lo que la Casa Blanca define como una "ofensiva masiva contra el crimen", en referencia a la "delincuencia" que no afecta a los miembros de su gobierno.

La sustitución por perfiles más cercanos al entorno más personal del presidente, como es el caso de Blanche, supone un peldaño más en la tendencia de someter la arquitectura institucional a los intereses directos del bloque de poder que se ha consolidado dentro del republicanismo y del movimiento MAGA, fuertemente influenciado por Israel. Las recientes salidas se suman, además, a la dimisión voluntaria del jefe de "antiterrorismo" de EEUU, Joe Kent, que ha abandonado sus funciones expresando críticas abiertas a la administración por la guerra contra Irán. También ha deslizado sospechas sugerentes sobre el tiroteo mortal contra Charlie Kirk, ha denunciado el peso político del lobby sionista sobre Washington e incluso ha confesado que EEUU ha apoyado grupos como Al Qaeda e ISIS en Siria contra Irán, Hezbollah y Hamas. Algunas de estas declaraciones, pronunciadas en entrevistas, le han valido una investigación del FBI por presunta "revelación de secretos".

Las recientes destituciones se han formalizado con comunicados que, si bien emplean fórmulas de gratitud protocolaria, no pueden ocultar la naturaleza forzada de los relevos. Mientras Parnell agradecía a George sus "décadas de servicio", los medios estadounidenses confirman que el choque con el secretario de Guerra era insalvable. En el plano judicial, la "transición ordenada" de Bondi hacia intereses corporativos privados —un mecanismo habitual de transferencia de cuadros entre el Estado y el gran capital— cierra un capítulo más en el aparato de justicia estadounidense.