El gabinete de seguridad del Gobierno de Israel aprobó de manera secreta crear de 34 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada a principios de este mes de abril, según reportes de Peace Now y diversos medios de comunicación israelíes como Channel 24 y Ynet recogidos por Al Jazeera. La medida, que no ha sido publicada oficialmente por ningún organismo gubernamental, implica la legalización retroactiva de 10 puestos de avanzada que ya existían de forma irregular bajo la propia legislación israelí y la planificación de 24 colonias adicionales. Estas nuevas infraestructuras se suman a las 68 aprobadas desde que la coalición liderada por Netanyahu tomó el poder en 2022, acelerando la transferencia de tierras hacia colonos israelíes.

La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó el viernes esta política de expansión, señalando que Israel, como "potencia ocupante, no tiene soberanía sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este". En un comunicado de su secretaría general, el organismo advirtió que todas las medidas destinadas a alterar la realidad geográfica y demográfica de la zona son "nulas y sin valor según el derecho internacional". Por su parte, la oficina de la Presidencia Palestina calificó el plan de "violación flagrante" de la legalidad, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía definió la acción como una "grave infracción de las resoluciones de la ONU" que busca imponer la soberanía israelí mediante la confiscación de tierras y el terrorismo de los colonos.

La expansión de estos núcleos de población civil israelí en territorio militarmente ocupado tiene implicaciones directas en la movilización de recursos del Estado. Según informes de Ynet, el jefe militar Eyal Zamir advirtió durante la reunión del gabinete del 1 de abril que el ejército podría "colapsar" debido a la creciente demanda de efectivos necesarios para proteger todos estos nuevos puestos y asentamientos, situados en ocasiones dentro de barrios palestinos o en zonas remotas de difícil acceso. Esta política de hechos consumados profundiza la fragmentación del territorio y dificulta la vida cotidiana de los tres millones de palestinos que residen en la zona, quienes se ven rodeados por más de 500.000 colonos que disfrutan de privilegios y protección militar.

Desde la Unión Europea, el portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Anouar el Anouni, instó al Gobierno de Israel a "revertir estas decisiones unilaterales", recordando que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024 ya declaró ilegal la presencia israelí en estos territorios, como muchas otras resoluciones ignoradas por Israel en las últimas diete décadas. En la misma línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia denunció a través de la red social X que estas acciones "socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad".

Este incremento en la actividad constructora y la confiscación de suelo palestino se produce en un contexto de extrema violencia. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que, desde el inicio de la actual ofensiva militar en Gaza en octubre de 2023, los ataques de colonos y las incautaciones de tierras en Cisjordania han alcanzado niveles sin precedentes.