La Audiencia Nacional anula las pruebas contra Sidenor por la exportación de acero para obuses israelíes

La Audiencia Nacional española ha dictado una resolución que anula los registros policiales efectuados el pasado mes de febrero en las instalaciones de la acería Sidenor, en Basauri (Bizkaia), donde se incautaron documentos que vinculaban a la empresa con el suministro de material para el ejército israelí. Según denuncia la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, la decisión judicial invalida pruebas materiales que incluían correos electrónicos con referencias explícitas a la fabricación de "obuses" destinados a empresas armamentísticas de Israel. La anulación se basa en una supuesta "falta de necesidad de la entrada policial" bajo el argumento de una "colaboración" de los investigados que, según el abogado de la acusación popular, David Aranda, "no se está produciendo en la práctica", ya que la empresa no aportó la documentación voluntariamente antes del registro.

La actuación de la Fiscalía ha sido calificada de "escandalosa" por las organizaciones sociales que impulsan la campaña, al haber sido el propio órgano ministerial quien solicitó la nulidad del registro, alineándose con la estrategia de defensa del presidente de Sidenor. Para la RESCOP, que el organismo supuestamente encargado de "defender el interés público" actúe como "muro de contención" en una causa por presunta complicidad en genocidio supone una señal de la protección institucional hacia los intereses empresariales por encima del derecho internacional. Esta decisión judicial pretende invalidar una "arquitectura empresarial construida sobre la impunidad" que, según los hechos revelados en los documentos ahora anulados, facilitaba la exportación de acero esencial para el sostenimiento de la ofensiva militar en Gaza.

Junto a la invalidación de las pruebas, la Audiencia Nacional española ha anulado también la personación de una víctima del genocidio en el proceso, negándole su condición jurídica. David Aranda ha señalado que esta medida responde a una "concepción formalista del proceso penal" que contradice la doctrina del Tribunal Supremo sobre la personación en procesos ya iniciados. Desde la acusación popular denuncian que este acto supone "revictimizar" a quienes han sufrido el genocidio, enviando el mensaje de que su testimonio no merece amparo legal frente a las estructuras de poder económico que se benefician de la venta de componentes militares.

Por su parte, Natalia Abu-Sharar, presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, ha reafirmado que la movilización no cesará pese a lo que consideran un intento de silenciar los hechos con tecnicismos jurídicos. "Sabemos quiénes son los cómplices", ha declarado Abu-Sharar, subrayando que la lucha legal y social seguirá adelante. Las organizaciones denuncian que, mientras el genocidio continúa, el aparato judicial del Estado español funciona como una herramienta para proteger a las empresas que obtienen beneficios exportando de materiales para la máquina de guerra israelí, ignorando las exigencias de las cientos de miles de personas que han reclamado el fin de la complicidad con Israel.

La resolución de la Audiencia Nacional refleja la contradicción entre un Gobierno español que se presenta internacionalmente como "garante de los derechos humanos" y su actuación contreta vía Fiscalía, que prioriza la protección de la propiedad y la gestión empresarial frente a las graves violaciones de derechos humanos denunciadas. La campaña por el Fin al Comercio de Armas exige que se investiguen todas las vías de complicidad y denuncia que la Fiscalía debería centrarse en el "derecho internacional" en lugar de actuar como escudo de los lobbies armamentísticos y siderúrgicos.