La Audiencia Nacional imputa al expresidente Zapatero

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha imputado formalmente este martes al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Según han confirmado fuentes jurídicas a elDiario.es, el exlíder del PSOE está siendo investigado por los presuntos delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el marco del denominado caso Plus Ultra. Zapatero ha recibido la notificación judicial a primera hora de la mañana en Madrid, quedando citado para comparecer ante el tribunal en calidad de investigado el próximo 2 de junio.

Coincidiendo con la notificación y tras dictarse el levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre la causa, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han iniciado un operativo de registro en el despacho profesional del expresidente, ubicado en la calle Ferraz de la capital. La intervención policial, adelantada originalmente por El Confidencial, se ha extendido también a la sede de una sociedad administrada por las hijas de Zapatero y a otras tres empresas. La línea de investigación principal que afecta al exjefe del Ejecutivo versa sobre sus presuntos contactos para la obtención de contratos, situando el tráfico de influencias como eje central, aunque el auto judicial incluye también el delito de blanqueo de capitales.

Acusación

La Fiscalía Anticorrupción, que impulsa esta causa penal, sostiene en su querella que la aerolínea Plus Ultra realizó un uso indebido e ilícito del rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno del Estado le concedió durante la crisis de la pandemia. El Ministerio Público argumenta que al menos una parte de esos fondos estatales fue desviada para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas en Venezuela. Este procedimiento comenzó originalmente en un juzgado de instrucción ordinario de Madrid, pero el juez Calama asumió la competencia el pasado mes de marzo tras inhibirse el tribunal anterior en favor de la Audiencia Nacional debido a la naturaleza de los delitos económicos investigados.

La vinculación de Rodríguez Zapatero con la trama bajo sospecha se deriva de sus relaciones con su amigo Julio Martínez Martínez, un empresario que ejercía como asesor externo y facilitador de la aerolínea para gestionar sus problemáticas en territorio venezolano. Durante una comparecencia parlamentaria en el Senado celebrada el pasado mes de marzo, el expresidente admitió públicamente haber realizado trabajos de consultoría privada para la empresa de Martínez Martínez, denominada Análisis Relevante, de la cual percibió unos 70.000 euros brutos anuales entre el año 2020 y 2025. En dicha declaración, Zapatero justificó que sus honorarios correspondían a "precios de mercado acordes a su trayectoria", y detalló que la misma mercantil contrató a sus dos hijas para labores de marketing. Pese a reconocer que sabía de la vinculación de su amigo con Plus Ultra, el exmandatario negó rotundamente haber trabajado de manera directa para la aerolínea, haber influido en la concesión de la ayuda pública o haber recibido retribuciones por parte del Gobierno de Venezuela.

El avance de la investigación se aceleró sustancialmente el pasado mes de diciembre con la detención de la cúpula directiva de Plus Ultra, incluyendo al presidente y cofundador de la compañía, Julio Martínez Sola, al consejero delegado, Roberto Roselli, y al propio Julio Martínez Martínez. En los registros efectuados a este último, se encontró un documento contractual que estipulaba que el asesor percibiría una comisión del 1% de la ayuda pública, equivalente a 530.000 euros, en caso de que se aprobase el rescate gubernamental. Asimismo, la Policía Nacional halló en su posesión 300.000 euros en efectivo, una cantidad económica que el comisionista investigado atribuyó formalmente ante las autoridades a la venta de una propiedad inmobiliaria que no había sido declarada a la Hacienda Pública.