Bruselas expedienta al Estado español por vulnerar la protección de datos de los viajeros

La Comisión Europea ha notificado formalmente el inicio de un procedimiento de infracción contra el Estado español debido al incumplimiento sistemático de la normativa comunitaria en materia de protección de datos personales de los pasajeros. Según detalla EuropaPress, las autoridades de Bruselas consideran que el marco legal español actual ampara un tratamiento "excesivo y desproporcionado" de la información civil por parte de los cuerpos policiales, afectando tanto a las categorías de datos que se almacenan de forma centralizada como al periodo de tiempo en que estos permanecen a disposición policial.

El detonante de la sanción comunitaria radica en la legislación española que obliga a los proveedores de alojamiento turístico, a las plataformas digitales de reservas y a las empresas dedicadas al alquiler de automóviles a recabar, conservar y transferir datos personales detallados de los usuarios a una base de datos centralizada bajo control gubernamental. Tras analizar el funcionamiento de este registro accesible para la Policía, los servicios de la Comisión Europea han dictaminado que la variedad de conjuntos de información recopilada es "abusiva", destacando de forma negativa la inclusión sistemática de los métodos de pago empleados y de los datos de posicionamiento global (GPS) de los clientes. Asimismo, el Ejecutivo comunitario ha subrayado que el acceso a estos registros por parte de los investigadores policiales "no se encuentra restringido a fines específicos, explícitos y taxativos", lo cual contraviene los principios fundamentales de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, diseñada formalmente para "salvaguardar los derechos civiles fundamentales durante el desempeño de las funciones de seguridad".

La reclamación formal enviada por Bruselas también califica como "desproporcionado" el periodo de conservación de la información, establecido actualmente por las autoridades españolas en tres años de retención obligatoria. El procedimiento sancionador se ha iniciado formalmente mediante la remisión de una carta de emplazamiento, un mecanismo legal que concede a Madrid un plazo de dos meses para presentar alegaciones o adoptar las reformas legislativas necesarias que corrijan las irregularidades señaladas.