La Fiscalía pide archivar la causa contra Sidenor
La fiscal Manuela Fernández cree que “no se ha podido demostrar” que los movimientos realizados por Sidenor hacia Israel hayan vulnerado la legislación vigente.
La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa contra tres directivos de la empresa Sidenor. En julio de 2025, la Audiencia Nacional española abrió una causa relacionada con la empresa del sector siderúrgico alavés por vender miles de toneladas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), a sabiendas de que estaban destinadas a la producción de armas. Durante todo este tiempo, el presidente de la compañía, Jose Antonio Jainaga, ha estado bajo investigación.
Ahora, un año después, la fiscal Manuela Fernández ha alegado que durante todo este tiempo “no se ha podido demostrar” si los movimientos realizados por Sidenor hacia la Palestina ocupada por el Estado de Israel vulneraron la legislación vigente sobre exportación de material militar de los Estados y, por tanto, si se cometió un delito de contrabando o no.
El mismo razonamiento se ha aplicado a la legislación que regula el comercio de material de “doble uso”, es decir, materiales de acero que pueden tener aplicaciones tanto “civiles” como “militares” (principalmente, para la producción de armas). Para ello, Fernández ha presentado un informe. Según lo señalado en él, las miles de toneladas de acero exportadas por Sidenor no aparecen en ninguno de los informes que registran material militar o de doble uso. Es más, el citado informe establece que “no se puede demostrar” qué aplicaciones tuvo finalmente ese material una vez que salió del país.
Ambas son disposiciones sorprendentes, según ha señalado el juez Francisco de Jorge, ya que los empresarios necesariamente sabían quién era el comprador y cuál era su actividad, así como que, con el agravamiento del genocidio en Palestina, ese acero podía ser utilizado contra los palestinos de Gaza o de cualquier otro lugar.
En cualquier caso, los movimientos mencionados no son, por desgracia, los únicos que han suscitado polémica en este procedimiento. En concreto, generó controversia que se publicara que Sidenor solo sería juzgada por un delito de contrabando. De hecho, ese es el único delito que se atribuye provisionalmente a Sidenor desde abril; la propia fiscal consiguió invalidar las declaraciones del médico palestino Refaat Alathamna y descartar las acusaciones iniciales de genocidio y delitos contra la humanidad.
De esta manera, se consiguió retirar la acusación particular. Por si fuera poco, también fueron invalidados los registros realizados en febrero en las oficinas de Basauri (Bizkaia).