‘Maricarmen se queda’: cientos de personas arropan a la anciana de 87 años en su cuarto intento de desahucio

Maricarmen tiene 87 años, una discapacidad del 50% y vive en el mismo piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, desde que tenía 17 años. Este miércoles se enfrenta a su cuarto intento de desahucio, después de que los tres anteriores se hayan frenado por la presión del movimiento de vivienda. Esta vez, más de medio millar de personas se han concentrado la noche de este martes frente a su vivienda, para pernoctar ante el portal e impedir el lanzamiento, previsto inicialmente para las 7:30 de la mañana. La convocatoria del Sindicato de Inquilinas de Madrid ha reunido a militantes del movimiento de vivienda, vecinos y figuras públicas. El despliegue policial ha rodeado las inmediaciones del edificio en una jornada que busca evitar la expulsión impulsada por el fondo de inversión Urbagestión S.L y permitida por el Gobierno de PSOE-Sumar, “la legislatura de la vivienda”.

La historia de Maricarmen es la historia de un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956, cuando el franquismo impedía a las mujeres firmar propiedades. Tras la muerte de su padre, el contrato se subrogó en su madre y, posteriormente, en ella. Cuando en 2018 la propiedad del edificio pasó a Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., el fondo intentó elevar el alquiler un 275%, de los 500 euros que ella pagaba a los 2.650 que reclama ahora. El Tribunal Supremo falló a favor del inversor, que sostiene que con la legislación actual los contratos no pueden subrogarse dos veces. Maricarmen está en esta situación, denuncian desde el Sindicato, “después de que la propiedad solo ofreciese subidas superiores al 300% del alquiler que paga ahora”, y porque “la regulación franquista no permitía a las mujeres firmar contratos”.

Las protestas responden a la negativa de la empresa propietaria a negociar un contrato de alquiler asequible con la inquilina. Durante el acto, la propia Maricarmen ha declarado ante las asistentes: “Yo he vivido aquí 71 años y yo no me quiero ir. Lo que está claro es que esta gente, por dinero, hace lo que sea. Por favor, luchad. No os quedéis en casa, tenemos derecho a vivir”. En la azotea del inmueble han desplegado una pancarta con el lema “Ayuso nos echa de Madrid, nosotras nos quedamos con Mari Carmen”.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, denuncia el uso de recursos públicos para garantizar el beneficio privado y la inacción de las autoridades. “Para especular con la vivienda de Maricarmen se va a poner dinero público de todas y de todos. Todo el sistema judicial, todo el sistema policial está al servicio de este atropello, para que echen a esta anciana de su casa y no se pueda morir en paz”, señala del Río en el medio El Salto. Asimismo, la portavoz ha criticado que el Gobierno central no tome medidas efectivas contra la especulación inmobiliaria y descargue las responsabilidades en la Comunidad de Madrid.

Durante la concentración, la activista Valeria Racu ha informado de que una escritora ofreció asumir de forma anónima la diferencia de la renta impuesta por la propiedad para evitar que la inquilina termine en la calle, manteniendo la aportación de Maricarmen en 500 euros mensuales, que hasta última hora del martes no había respondido. No obstante, las organizaciones sociales subrayan que la resolución de la crisis habitacional requiere la intervención regulatoria de las administraciones frente al negocio inmobiliario y no el asistencialismo individual. En estos momentos, 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión gestionan más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el Estado español, en un país que ha acumulado casi un millón de desahucios en los últimos 20 años.

Ocho furgones de antidisturbios han llegado a las 6:00 de la mañana y han comenzado a levantar las tiendas y a despejar los accesos, con empujones y momentos de tensión. Los agentes expulsaron de la zona incluso a la prensa, lo que el sindicato denunció como un ataque a la libertad de expresión. La comisión judicial está prevista a partir de las 9:30 horas, cuando se ejecutará el lanzamiento si la presión social no lo impide. El caso ha llegado hasta Naciones Unidas, cuyo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales solicitó en junio la suspensión cautelar del desahucio mientras se estudia el caso o se garantiza un alojamiento adecuado. Las administraciones —Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno central— no han ofrecido a Maricarmen una alternativa que le permita permanecer en su barrio, más allá de una residencia privada con un coste superior a los 1.200 euros mensuales, inasumible para su pensión de 1.300 euros . “El sistema judicial, todo el sistema policial está al servicio de este atropello, para que echen a esta anciana de su casa y no se pueda morir en paz”, denuncia Alicia del Río, portavoz del Sindicato.

El intento de parar el desahucio en Retiro se produce en una jornada más amplia de movilizaciones iniciada por la mañana del martes con una acción de protesta del Sindicato de Inquilinas contra la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en la feria inmobiliaria The District, celebrada en IFEMA, que fue reprimida por la Policía Nacional. Además, la ejecución del desahucio tiene lugar una semana después de que el PSOE se abstuviera, junto con PNV y Coalición Canaria, de aprobar en el Congreso de los Diputados tramitar una iniciativa legislativa para prohibir la compra de viviendas por parte de personas jurídicas.

PSOE y Sumar acuden al desahucio permitido por ellos mismos

La escena más apoteósica de la jornada la han protagonizado representantes del PSOE y de Sumar, los partidos que integran el Gobierno central y que además tienen en sus manos medidas como la regulación de los alquileres, la derogación de la Ley Mordaza o la expropiación de la Sareb, pero que acudieron a la concentración como si el desahucio no fuera con ellos. “Hemos estado con Maricarmen, de 88 años, que puede perder la casa en la que vive desde 1956. Para el ático de Ayuso sí hay 6,3 millones de dinero público, pero para Maricarmen no hay una solución digna. Almeida y Ayuso deben dejar de mirar hacia otro lado”, publicó el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid en la red social X, junto con imágenes de sus representantes en la concentración frente al portal. Las respuestas no se han hecho esperar: “No tenéis vergüenza. Los antidisturbios que van a venir a desahuciar a Maricarmen a sus 88 años los mandáis vosotros”. El diputado de Izquierda Unida y secretario de Estado, Enrique Santiago, también acudió a la acampada y publicó un mensaje de apoyo en X: “¡Maricarmen no se va, Maricarmen se queda! Da inicio una acampada que es una expresión de la firme solidaridad del pueblo de Madrid. El paraíso de la especulación inmobiliaria que ha construido Ayuso debe acabar”. Diferentes usuarios le han recordado que la responsabilidad no recae únicamente en la Comunidad de Madrid, y que el desahucio ha sido facilitado por las decisiones gubernamentales y el dispositivo permitido por la omisión del gobierno en el que se sientan cuatro ministros su tu partido.