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El 61,9% de los jóvenes de 18 a 24 años está a favor de expropiar las viviendas vacías

El CIS revela que el 76,3% de la población cree que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario, el 91,4% exige más vivienda pública y el 79% prioriza el derecho constitucional a la vivienda frente a su consideración como “bien de mercado”.

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Foto: @CJS_Madrid (X)
Foto: @CJS_Madrid (X)

El 61,9% de los jóvenes de entre 18 y 24 años está a favor de “expropiar las viviendas vacías”, según el barómetro de Vivienda 2026 elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, realizado entre el 22 y el 30 de junio a partir de 6.019 entrevistas. El dato llega en un contexto de malestar generalizado: el 86,9% de los encuestados asegura que la situación de la vivienda en el Estado español le preocupa “mucho o bastante”, frente a un 11,7% al que le preocupa “poco o nada”. Un 41,5% reconoce que la situación de la vivienda le está “perjudicando” en la actualidad, mientras que solo un 4,4% afirma que le está “beneficiando”. Entre las mujeres, el 77,1% está a favor de “congelar los precios del alquiler durante dos años”, una medida que también respalda mayoritariamente la población joven.

Los datos del CIS dibujan una opinión pública que reclama una intervención decidida del Estado en el mercado inmobiliario. El 76,3% considera que el Estado debe intervenir “tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos a la vivienda”, y el 79% cree que habría que priorizar el derecho a la vivienda como un derecho constitucional, frente tan solo un 13,5% que la considera “un bien de mercado”. El 91,4% está de acuerdo con que “en este momento en España las administraciones deberían construir más viviendas públicas que ahora”. Sobre qué administración debería tener más competencias para mejorar el acceso, el 44,5% señala al Estado, por encima del 36,1% que apunta a las comunidades autónomas y el 15,2% a los ayuntamientos. Estas cifras muestran un amplio consenso social sobre la necesidad de que lo público recupere un papel central en la garantía de un derecho básico.

La realidad habitacional de los encuestados confirma la gravedad del problema. El 55% dice ser propietario de una vivienda, frente a un 24,1% que es inquilino, mientras un 20% vive en una vivienda cedida o sin pagarla. Entre los inquilinos, el 32,7% asegura pagar un alquiler superior al del mercado, el 39% a precio de mercado y solo el 23,6% a precio inferior. El 80,6% no tiene planes de comprar una vivienda en los próximos dos años. Entre quienes prefieren vivir en propiedad pero no tienen previsto comprar, el 80,7% explica que no lo hace porque “no tiene dinero para la entrada”, el 71,3% porque “no tiene ingresos suficientes para las cuotas” y el 63,5% porque “no cumple los requisitos para una hipoteca”. Entre quienes comparten piso o viven en casa de familiares, el 85,6% no se trasladará a una vivienda independiente porque “el precio de compra es demasiado alto para sus ingresos”, el 84,9% porque “los alquileres son demasiado altos” y el 77% porque “no tiene dinero para la entrada o la fianza”.

Sin embargo, las posiciones se muestran más ambivalentes cuando se trata sobre el negocio de la vivienda, porque el barómetro también recoge que el 85,7% cree que “hay que dar más garantías a caseros y caseras frente a posibles impagos” y el 84,3% que hay que “sacar al mercado el suelo urbanizable”. Solo un 8,6% reconoce vivir en una vivienda protegida; de esos casos, el 40,6% fueron construidas por promotores privados, el 16,7% por su comunidad autónoma, el 14,4% por su ayuntamiento y el 17,5% no lo sabe. El 55% de los propietarios tiene la casa pagada. El 31,8% tiene perspectivas de heredar total o parcialmente alguna vivienda, frente al 67,1% que no las tiene. Solo el 8,7% asegura recibir ingresos por tener alquilada una vivienda.