La Fiscalía acusa de “terrorismo” a Chambers para encajar la petición de extradición, aunque EEUU no pide ese cargo

El militante propalestino norteamericano James ‘Fergie’ Cox Chambers se desvinculó este viernes, en la vista de extradición ante la Audiencia Nacional española, de cualquier acción de “protesta violenta” y afirmó que todos los fondos que destinó a la causa palestina (unos 7,2 millones de euros) fueron a asociaciones de estudiantes palestinos, organizaciones sanitarias y organizaciones de presos palestinos, según informa elDiario.es. Chambers, heredero de una de las mayores fortunas de EEUU y marxista-leninista, explicó que desde la fundación que creó se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EE.UU. La defensa presentó una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a ese país, y que la acusación cuestiona como financiación de organizaciones vinculadas a la resistencia palestina.

Los hechos por los que se le reclama se refieren a protestas ante la empresa israelí Elbit Systems, dedicada a la fabricación de armamento. Chambers se ató a la puerta de la empresa con un candado de bici para bloquear el acceso y se manifestó junto con una multitud para cortar el acceso a otra de sus sedes. Recordó que la organización que impulsaba aquellas protestas, Palestine Action, no tenía ningún tipo de sanción ni estaba prohibida por EEUU. También explicó que pagó fianzas de personas detenidas en esas protestas porque en su país se imponen fianzas elevadas como método de represión: “Llevo tiempo haciéndolo”, dijo, y añadió que también pagó fianzas de manifestantes detenidos tras el asesinato policial de George Floyd. Su defensa insistió en que los hechos no encajan en delitos de lo que las autoridades españolas definen como “terrorismo”: “El Ministerio Público no puede crear un grupo terrorista que ni EEUU ve”, y sostuvo que las protestas y la “conspiración para la protesta” no alcanzan los mínimos de pena exigidos para autorizar la extradición.

Además, la defensa denunció irregularidades en el proceso: no existe una acusación formal ante un Gran Jurado que concrete los cargos, se realizó una entrada y registro en su domicilio sin avisar a su abogado y se envió su móvil a EEUU. Y añadió que concurre “un claro cariz político”. El fiscal, Juan Hernández Villalba, se ratificó en su informe de que “se cumplen los requisitos para la extradición” (doble incriminación, penas superiores al año, hechos no prescritos y delito no político ni militar) y sostuvo que la reclamación no se basa en una ideología sino en unos “hechos que generaron daños materiales” y en “una estructura estable destinada a acciones ilícitas” con movimientos de fondos a “asociaciones terroristas”.

El fiscal ni siquiera interrogó a Chambers en la vista. En su turno de última palabra, el preso dijo no comprender por qué ha cumplido prisión provisional en el Estado español por esta reclamación, denunció que se perdió el funeral de su abuela y que su mujer da a luz en marzo, y afirmó que todo esto ha ocurrido solo “por levantar la voz teniendo más dinero que el que tenían otras personas que también protestaban contra esta ignominia”, en referencia al genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. El tribunal dará a conocer su resolución por auto; si autoriza la extradición, la defensa aún podría presentar un recurso de súplica o un incidente de nulidad, y en paralelo se determina si se le concede el asilo, lo que paralizaría la entrega. De todas formas, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la potestad de detener la extradición si así lo desea.