La Fiscalía pide 17 años y medio de cárcel para siete personas por hacer frente un desahucio en Zaragoza
El movimiento de vivienda intentó parar el desalojo de Mariano y sus hijas en mayo de 2023, impulsado por CaixaBank; tres miembros que ya recibieron condenas anteriores por causas similares podrían entrar en prisión.
La Fiscalía pide un total de 17 años y medio de prisión para siete miembros del movimiento de vivienda de Zaragoza que trataron de impedir el desahucio de Mariano y sus hijas en la capital aragonesa el 25 de mayo de 2023, según AraInfo. La acusación, formulada por el ministerio público dependiente del Gobierno español, les atribuye un delito de “atentado” y reclama también que paguen una indemnización por “lesiones”. Tres de las encausadas, que ya fueron condenadas en el último juicio contra las acciones de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza, corren el riesgo de ingresar en prisión si son declaradas culpables.
El caso responde la movilización convocada por la PAH para intentar frenar el lanzamiento, solicitado por CaixaBank y ejecutado por orden judicial y de la Delegación del Gobierno. Según la declaración compartida por PAH Zaragoza, CSO Kike Mur, CJS Zaragoza y PUC Aragón, los antidisturbios de la UIP que intervinieron aquel día “se ensañaron con las militantes que ese día, desarmadas, pusimos el cuerpo para tratar de evitarlo”, enviando “a varias compañeras a urgencias”. Tras el desahucio, la policía denunció a siete miembros del movimiento de vivienda al retirarlos del portal, con acusaciones de agredir a los antidisturbios. Las organizaciones afectadas denuncian que “una vez más el Estado ha aplicado un montaje represivo, para cubrirle las espaldas a los policías que actuaron ese día y para hacer retroceder al movimiento de vivienda, con multas y cárcel para las encausadas, y miedo para quien quiera seguir luchando”.
El relato apunta también a la actuación de la Delegación del Gobierno, entonces encabezada por una representante del PSOE, que “dio a trámite la imposición de una sanción por esa denuncia”. Las organizaciones cuestionan asimismo el procedimiento judicial: “La jueza que investigó si ese esperpento de denuncia era verdadero o falso, sin ninguna prueba, dijo que era verdadero”.
PAH Zaragoza, CSO Kike Mur, CJS Zaragoza y PUC Aragón consideran que esta causa forma parte de una ofensiva contra el movimiento por la vivienda y sus herramientas de movilización y lucha, y sostienen que la represión busca castigar a quienes se organizan frente a los desahucios y generar miedo entre quienes puedan sumarse a futuras acciones. Ante “este nuevo ataque a nuestros derechos políticos”, han puesto en marcha una campaña para denunciar “la represión que el Estado capitalista ejerce contra el movimiento por la vivienda”. Llaman a mostrar solidaridad con las siete encausadas, a “llenar las próximas movilizaciones” y a reforzar “la organización en los sindicatos de vivienda y las organizaciones de clase” para hacer que “la lucha por la vivienda sea cada vez más fuerte”. “¡Que siga la lucha por la vivienda!”, concluye la declaración.