La Taula Sindical d’Habitatge exige la paralización total de los desahucios y la prohibición de compras especulativas; acusa rentistas, jueces e instituciones públicas de alimentar la emergencia residencial.
El Sindicat de Llogateres i Llogaters gana la huelga de alquileres, forzando la adquisición de 1.100 viviendas públicas y protegidas más a InmoCaixa por 87 millones.
Más de 70 entidades se movilizan contra el mayor desahucio colectivo de los últimos años en Catalunya, cuyos habitantes, mayoritariamente migrantes, carecen de alternativa habitacional.
El Sindicato de Vivienda de Carabanchel denuncia que SAREB reactivó arbitrariamente los desalojos mientras fuerza contratos abusivos en otras 8 viviendas del bloque de María Guerrero.
“Vivimos de alquiler en pisos propiedad de la empresa Vidaurre Group, y ahora quieren echarnos para convertirlos en 11 apartamentos turísticos”, denuncian junto al Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria.
