Opinión

La izquierda reformista española agoniza vital y electoralmente, con la dupla Sumar-Podemos abismándose hacia la irrelevancia práctica en la que ya se encuentran Syriza o sus homólogos italianos.

Si queremos dar una respuesta a la altura de la situación, debemos construir un gran frente  de clase contra el fascismo y el giro autoritario de los estados y, también, y en esto quiero detenerme, una nueva actitud militante.

Esas mayorías antifascistas que apoyan al antifascismo de calle son las que Otegi y su grupo pretenden liquidar con sus maniobras discursivas sobre un antifascismo domesticado y teledirigido por burocracias de partido.

Para ejercer un antifascismo eficaz se debe combatir el fascismo tanto a nivel ideológico –marco cultural, político y estatal– como a pie de calle –desnormalización de las prácticas fascistas y coto a su impunidad–.

Desde los espacios rupturistas hemos errado habitualmente al achacar todos los males del actual Estado español a los elementos de continuidad del franquismo presentes en él. El problema de fondo es que este análisis blanquea e idealiza inevitablemente la “democracia burguesa”.

El escándalo que supone que las víctimas hayan tenido que soportar todo un año de ver a Mazón como presidente sólo puede explicarse por una confluencia de intereses de todos los actores involucrados.

En las últimas semanas ha sido recurrente el tema del fascismo y el antifascismo. Su actualidad coincide con acontecimientos como la visita de La Falange a Gasteiz, o el ataque fascista al gimnasio popular La Fabrika, en Vallekas.

Bajo el impulso a la industria, el empleo y la actividad económica gallega, el BNG esconde el apoyo directo e indirecto a empresas gallegas como Urovesa, cuyos negocios manchados de sangre la han catapultado a recibir contratos millonarios del Estado español.

¿De qué sirve una ley de memoria si las ideas por las que lucharon nuestros abuelos siguen criminalizadas y ultraderechistas siguen mandando en la policía, en los tribunales y en las empresas?