El Consejo de Ministros del gobierno español aprueba este martes una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería. Esta medida que pretende, en teoría, “facilitar la regularización de personas migrantes mediante el empleo, la formación y las redes familiares”. Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el objetivo es “fomentar una migración ordenada, legal y segura reducir la burocracia y cumplir con directivas europeas pendientes”. Entre las novedades se incluye una autorización temporal inicial de un año, renovable por otros cuatro, lo que podría simplificar procesos como la reagrupación familiar.
El nuevo reglamento también revisa figuras como el “arraigo para la formación”, introducido en 2022, y ajusta los tiempos de residencia o relación laboral obligatorios para regularizarse, según lo detallado en un borrador presentado en junio pasado. Estas medidas responden a las “nuevas realidades demográficas y laborales” del país, según el Ejecutivo. Sin embargo, el alcance de esta reforma aún genera dudas, dado que la ley actual ya sufrió modificaciones recientes y que otros procesos, como una iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de migrantes, siguen en curso. La convivencia de estas iniciativas podría complicar la aplicación práctica del reglamento.
Este cambio llega tras varios retrasos y se diferencia de otras negociaciones como la que busca modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para la distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Aunque el Gobierno destaque “la voluntad de adaptación y modernización”, no está nada claro si las reformas lograrán superar las cuestiones estructurales de la migración en el Estado español, ni si responderán de manera efectiva a las necesidades tanto de los migrantes como del tejido laboral.
