Mientras se forman escándalos públicos sobre migración de sectores pauperizados en el Estado español, un dato pasa inadvertido: entre 2014 y 2023, el Gobierno español ha otorgado cerca de 250.000 permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios, principalmente directivos internacionales, investigadores e inversores inmobiliarios que adquirieron propiedades de más de 500.000 euros. Estos datos, proporcionados por el Observatorio Permanente de la Inmigración, coinciden con la primera década de la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores, diseñada para “atraer talento” y capital extranjero en plena crisis económica. Y es aún siguen en vigor las “golden visa” para inversiones inmobiliarias, una medida que otorga el permiso de residencia de facto a sectores pudientes que quieren invertir en el Estado español.
El principal colectivo beneficiado por estos permisos ha sido el de personal directivo o altamente cualificado, con 104.303 autorizaciones. Le siguen los inversores, con 61.606 permisos, de los cuales el 95% corresponde a adquisiciones inmobiliarias. Además, se han concedido 27.002 permisos a investigadores y a otros perfiles como “emprendedores”, “trabajadores trasladados” o beneficiarios de la tarjeta azul para profesionales extracomunitarios. Geográficamente, Madrid y Barcelona concentran la mayoría de estos permisos, con 86.410 y 77.678 respectivamente, aunque con diferencias en el perfil predominante: en Madrid destacan los directivos, mientras que en Barcelona hay un equilibrio mayor entre estos y los inversores.
Las “golden visa” han generado controversia. Según la economista Eva Cano, estas inversiones no solo han dinamizado el sector inmobiliario, sino que han aportado ingresos fiscales significativos a las comunidades autónomas. Sin embargo, expertos advierten que muchos beneficiarios, especialmente de países como Rusia, México y Venezuela, ven estas residencias como un seguro ante posibles crisis, sin llegar a residir en España. La Ley 14/2013 ha destacado por su agilidad administrativa, con permisos tramitados en 20 días frente a los nueve meses del régimen general, un beneficio que según algunos juristas debería mantenerse para otros colectivos como emprendedores y profesionales cualificados.
