Más de 60 movimientos sociales que organizaron la multitudinaria manifestación del 9 de noviembre que congregó a unas 130.000 personas en Valencia, han convocado una nueva protesta el próximo 30 de noviembre.
Con esta marcha buscan mantener la presión sobre Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, exigiendo su dimisión por la gestión de la DANA, que ha dejado ya al menos 219 víctimas mortales. Aunque la hora y el lugar aún no se han confirmado, las organizaciones subrayan que “la movilización será decisiva para expresar el malestar”.
Los actos comenzarán el 29 de noviembre, un mes después de la tragedia, con concentraciones en los municipios más afectados por la riada. Además, a las 20:11 horas, se realizará una acción simbólica para rememorar el momento exacto en el que se emitió la alerta de Emergencias, cuya tardanza ha sido duramente criticada. Este retraso fue uno de los puntos más señalados en las pancartas de la primera manifestación, convirtiéndose en un símbolo del descontento con la gestión del gobierno autonómico.
La convocatoria del 30 de noviembre se enfrenta al reto de igualar la participación de la histórica marcha anterior, la mayor en Valencia desde las protestas de 2003 contra la guerra de Irak. Mazón y la Generalitat vuelven a ser el blanco de las críticas en un País Valencià que reclama “respuestas claras y responsables” ante la crisis desatada por el desastre y las fallas institucionales.
Más que Mazón
Aunque la protesta se centra en exigir la dimisión de Mazón, algunos sectores promotores de la movilización, como la Organització Juvenil Socialista (OJS) del País Valencià, han extendido sus críticas a la clase política en su conjunto. “No nos podemos dejar llevar por su juego parlamentario”, advertían en un comunicado publicado el 17 de noviembre. Subrayaban que toda la experiencia de la DANA demuestra que “se podrían expropiar todos los recursos necesarios para hacer frente a las pérdidas”, así como “parar la producción en momentos en los que miles de vidas están en peligro, reorientándola a atender las necesidades de una situación de emergencia”, o “asegurar una vivienda de calidad a todas las personas afectadas a partir de viviendas turísticas o en desuso”. En definitiva, consideran que “solo la organización revolucionaria de la clase trabajadora está en disposición de ofrecer una alternativa real ante la crisis ecológica y la incapacidad de empresarios y políticos para gestionar estas catástrofes”.
