El Congreso de los Diputados se enfrenta hoy a una de las votaciones más cruciales de la legislatura, en la que se debatirá un paquete fiscal clave para la estabilidad económica del Gobierno español. Bajo la amenaza de perder 11.500 millones de euros en ingresos y 7.200 millones de fondos europeos, la reforma fiscal incluye medidas como un impuesto mínimo del 15% para grandes corporaciones y la prórroga de gravámenes a sectores como la banca y las energéticas. Sin embargo, como el ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez no tiene asegurado el apoyo de todos sus socios de coalición.
Podemos ha exigido algunas garantías sobre el gravamen a las energéticas y la extensión de ciertas medidas fiscales, pero hasta el momento las negociaciones con el PSOE no han logrado un acuerdo definitivo. Mientras tanto, otros grupos como ERC, Junts y EH Bildu, han presentado demandas contrapuestas, especialmente en lo que respecta a los impuestos sobre las energéticas. Las tensiones internas dentro de la coalición y las amenazas del sector empresarial de retirar inversiones en caso de aprobarse nuevos impuestos complican aún más la situación.
La votación, prevista para la tarde de este jueves, podría tener repercusiones mucho más allá de la reforma fiscal, afectando la estabilidad del Gobierno y la viabilidad de los presupuestos del 2025. Un fracaso en esta votación podría abrir la puerta a un adelanto electoral, una posibilidad que Sánchez ha descartado. Mientras tanto, el tiempo se agota y las negociaciones continúan en los despachos, con la incertidumbre sobre el resultado final.
Moncloa aprobó este martes el dictamen, que se viene de una directiva europea que fija un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. Acarreó una tensa jornada de más de ocho horas de negociaciones en la Comisión de Hacienda, con un giro de última hora donde alcanzaron un acuerdo con ERC, EH Bildu y BNG para prorrogar temporalmente el tributo extraordinario a las empresas energéticas durante 2025, aunque el Ministerio de Hacienda reafirmó su pacto previo con Junts para eximir de este impuesto “a las empresas que inviertan en descarbonización”.
A pesar de la apariencia de “concesión”, lo cierto es que varias medidas impositivas fueron descartadas, como un impuesto sobre bienes de lujo, el aumento del gravamen al diésel y el fin de las ventajas fiscales a socimis y pisos turísticos. Con 11.000 millones de euros de fondos europeos dependientes de esta reforma, las tensiones internas en el Gobierno y la fragilidad parlamentaria complican la aprobación de futuras reformas clave.
