La mañana de este martes, una operación sorpresa de la Policía Nacional española puso fin a los diez años del Centro Social Ocupado (CSO) La Atalaya, en el barrio madrileño de Vallecas. Un despliegue de 22 furgones policiales acordonaron el edificio, ejecutando el desalojo sin presentar orden judicial alguna, según los testigos que se encontraban en su interior. La acción generó una rápida movilización vecinal para salvar parte de los materiales del centro, mientras que la zona permanecía acordonada por la policía.
La Atalaya, fundada en 2014 en el antiguo IES Magerit, se había convertido en un referente para colectivos sociales, vecinales y culturales. Sus instalaciones albergaban actividades como talleres de bicicletas, un gimnasio autogestionado, una biblioteca comunitaria y diversas aulas para reuniones y eventos. Durante estos años, ha sido un punto de encuentro clave para diferentes movimientos.
El desalojo ha suscitado una fuerte respuesta social, con una manifestación convocada por la tarde de este martes frente a la Asamblea de Madrid. Bajo el lema “”La Atalaya no se toca, VK responde”, cientos de personas tomaron las calles del barrio para denunciar la creciente presión policial y la especulación urbanística que amenaza a los espacios como La Atalaya. Los organizadores han advertido que “la lucha continúa” y que, como en otras ocasiones, “un desalojo solo significa otra ocupación”.
La sección madrileña la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) ha mostrado su apoyo a la manifestación: “El ataque a nuestros espacios es un ataque a nuestros derechos políticos, a nuestra capacidad para organizarnos”, explica la organización. Ante los desalojos, CJS llama a “defender los espacios bajo control proletario”.
