El pasado 14 de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó una reforma legislativa que endurece las penas contra la ocupación y facilita los desalojos y los desahucios en el Estado español. La propuesta, impulsada por el PNV, consistía en modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). La iniciativa contó con el apoyo del PP, UPN, Coalición Canaria, ERC, Junts y EH Bildu, aunque este último partido explicó posteriormente que su voto favorable fue “un error”.
Una vez aprobada en la cámara baja, la reforma fue enviada al Senado, donde el Partido Popular presentó un veto que fue respaldado. Esto ha obligado a que la propuesta regrese al Congreso, donde se decidirá si finalmente se aprueba de forma definitiva o no.
Denuncia en Euskal Herria
El pasado 21 de noviembre, representantes de 56 gaztetxes, colectivos y espacios de Euskal Herria se reunieron en Vitoria-Gasteiz (Araba) para denunciar la nueva ley contra la ocupación. Durante el acto, defendieron la legitimidad de la ocupación y rechazaron su criminalización.
Asimismo, la Comunidad de Defensa de Espacios bajo Control Obrero advirtió que “el discurso contra la ocupación está siendo hegemonizado por la extrema derecha y el fascismo”. Desde la Comunidad de Defensa alertan de que “aprobar leyes moderadas que validan este discurso no hace más que normalizar el fascismo”, al contrario, consideran que las medidas de la extrema derecha y la izquierda “solo difieran por su grado de dureza, y no por su sentido”, contribuyendo así a “la lógica punitiva”.
