La manifestación, que ha comenzado en la palza Moyua a las 13:00 y ha concluído en Arriaga, ha sido un llamado en defensa del derecho a la vivienda y en rechazo a su mercantilización bajo el lema: ¡Garantizar el derecho a la vivienda, no al negocio!.
Durante el recorrido, los manifestantes han realizado diversas acciones de protesta, señalando varias instituciones a las que responsabilizan de la crisis habitacional: “tanto a quienes se enriquecen especulando con la vivienda como a las instituciones y partidos políticos que amparan este negocio”. Han desplegado pancartas denunciado la “farsa” de la Ley de Vivienda del Gobierno español frente a su delegación, han criticado la actividad especulativa del banco La Caixa y ante los tribunales contra la reforma legal que pretende endurecer las políticas contra la ocupación.
En la movilización han participado también numerosos afectados, como los residentes amenazados de desahucio en Escalerillas (Trintxerpe, Gipuzkoa) y los inquilinos organizados contra las cláusulas abusivas de La Caixa. Más de 220 colectivos de Euskal Herria han espaldado la convocatoria.
El negocio como origen del problema
Al pasar por el Ayuntamiento, los manifestantes han señalado la colaboración público-privada que, según denuncian, “garantiza beneficios privados con dinero público”. En el acto final en Arriaga, las portavoces de los sindicatos de vivienda y personas afectadas tomaron la palabra para exponer la gravedad del problema:
“Los alquileres suben constantemente, cuatro veces más rápido que los salarios. Los precios de compra son inalcanzables para una parte cada vez más grande de la clase trabajadora, mientras los bancos acumulan riqueza y anuncian beneficios históricos. El resultado es evidente: la clase trabajadora está siendo expulsada del acceso a la vivienda, ya sea de forma brutal, con desahucios, o de forma silenciosa”, han declarado.
Advierten que, aunque el problema se agrava, “no es algo nuevo”, ya que en el sistema capitalista “siempre ha existido una parte de la clase trabajadora excluida del acceso a la vivienda”. Además, destacan que los sectores más afectados son los más vulnerables: “migrantes, refugiados y mujeres trabajadoras”.
Afirman que el problema de la vivienda “no es un problema coyuntural ni un error pasajero fruto de la avaricia de unos pocos especuladores. En una sociedad basada en las ganancias y en la propiedad privada, una parte de la población siempre será sistemáticamente excluida”.
“No faltan viviendas, sobran rentistas”
Los sindicatos de vivienda rechazan la idea de que la solución pase por “estimular el mercado, hacerlo más rentable y animar a los propietarios a poner más viviendas en alquiler”. Señalan que esto es falso por dos razones: “porque el mercado de la vivienda ya es uno de los más rentables” y “porque problema no es de oferta, sino del acceso a la vivienda.
Así, los sindicatos de vivienda deducen que “no faltan viviendas, sobran rentistas”, recordando que hay miles de viviendas vacías o destinadas al alquiler turístico y de lujo, mientras la clase trabajadora “carece de acceso a una vivienda digna”.
Críticas a los políticos profesionales y el negocio inmobiliario
Los convocantes han acusado a los políticos de todos los partidos de utilizar la crisis habitacional para aprobar medidas que, en realidad, “refuerzan el negocio inmobiliario”. “Políticos y empresarios buscan que la gestión de las condiciones de miseria sea rentable”, afirman.
Como ejemplos, han mencionado los presupuestos del Gobierno Vasco y la Ley de Vivienda del Gobierno español, denunciando que las políticas actuales “solo benefician a las clases medias mientras olvidan a los sectores más empobrecidos de la sociedad”.
Llamado a la organización
Finalmente, los sindicatos de vivienda hacen un llamamiento a articular “un movimiento amplio y combativo que defienda el derecho universal a la vivienda, enfrentándose a los especuladores y al sistema que permite este negocio”.
Por ello, creen que “no necesitamos fortalecer el negocio de la vivienda, sino medidas que hagan pagar a los especuladores. Debemos alzar la vista y luchar por una solución estructural y duradera: garantizar de forma universal el acceso a una vivienda”.
Las portavoces han reiterado que “solo una transformación profunda de la sociedad” podría resolver de raíz el problema de la vivienda. “Debemos decidir: o el derecho a la vivienda o el derecho al negocio. No hay término medio”, concluyen.
