El 10 de diciembre, Isabel Díaz Ayuso firmó con los sindicatos CCOO, UGT y otros más minoritarios como CSIF, CSIT un convenio colectivo para el personal laboral de la administración madrileña, que incluye un artículo que prohíbe a los sindicatos firmantes promover huelgas o manifestaciones que busquen modificar los acuerdos pactados. Según recoge el diario Público, La cláusula impone sanciones a los trabajadores que incumplan este compromiso, incluyendo la suspensión de la carrera profesional y sus efectos retributivos.
El acuerdo también ha generado controversia por la eliminación del plus de peligrosidad para trabajadores de sectores de alto riesgo, como el sanitario o asistencial, lo que ha sido criticado por reducir la protección social en áreas clave. Además, la negociación del convenio ha sido opaca, excluyendo a algunos sindicatos de la mesa paritaria, lo que ha levantado dudas sobre la representatividad y la transparencia del proceso.
Este convenio llega en un momento delicado, con la amenaza de despido masivo de 4.500 trabajadores del sector educativo, lo que subraya las tensiones laborales en la Comunidad de Madrid. La falta de diálogo y la rapidez con la que se han tomado decisiones clave, como los despidos y las modificaciones contractuales, reflejan una política que pone en duda la atención a los derechos de los trabajadores y su capacidad para resistir cambios desfavorables.
