Desalojo de la Antigua Prisión de Palma: 200 personas abocadas a la calle

Diferentes colectivos de Mallorca (Illes Balears) se han unido al manifiesto del Sindicat d'Habitatge Palma para dar una respuesta conjunta al desalojo de las doscientas personas que viven en la Antigua Prisión de Palma. El edificio, clausurado hace más de 25 años, ha llegado a acoger a 400 personas simultáneamente en situación de sinhogarismo, familias trabajadoras con salarios que no permiten acceder a una vivienda o que directamente han sido desahuciadas. En marzo de 2025 el Ayuntamiento dio el primer aviso de la intención de desalojar el espacio, y el 28 de enero un dispositivo policial identificó a 165 personas y detuvo a una. Ahora, señalan que el consistorio "utiliza unos incendios recientes como excusa para acelerar el proceso", a pesar de haber confirmado que no hay riesgo de derrumbe, condición necesaria para iniciarlo.

Los colectivos han denunciado en una rueda de prensa que el desalojo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una profunda crisis de vivienda agravada en Mallorca por la turistificación, que hace prácticamente imposible el acceso de la clase trabajadora a la vivienda. Recuerdan que solo en Palma se ejecutaron 245 desahucios durante el segundo trimestre de 2025. En todas las Illes Balears, 105.000 viviendas están vacías y otras 105.000 se usan solo unos días al año, representando hasta un tercio del parque de vivienda. Los precios de los alquileres no dejan de crecer mientras se permite el alquiler vacacional y se ejecutan desahucios a diario por gobiernos de todos los colores, señala el comunicado.

El Ayuntamiento de Palma ha ofrecido una supuesta "solución" a las personas que abandonen voluntariamente el edificio, pero los colectivos denuncian que los servicios sociales de la ciudad están saturados y no hay ninguna alternativa real materializable. En 2025, más de un millar de personas vivían ya en uno de los 37 asentamientos de chabolas de la ciudad, y en abril de este año había una lista de espera de 150 personas sin hogar para acceder al servicio de primera acogida. Los colectivos advierten de que el consistorio "quiere eludir su competencia de atención inmediata a las personas que quedarán en la calle", trasladando el problema a instituciones como el ejército o el Obispado, y ponen como ejemplo los desalojos del B9 en Badalona o de Can Rova en Eivissa, que dejaron a cientos de personas en la calle sin alternativa.

Los colectivos señalan que la responsabilidad no solo recae sobre el Ayuntamiento, sino también en "los políticos profesionales de todo el espectro que han priorizado intereses partidistas ante la crisis y han agravado las condiciones de vida de la clase trabajadora". Denuncian también los discursos reaccionarios que criminalizan a los residentes de la Antigua Prisión por su origen o color de piel, y la militarización de la zona con cuerpos policiales que identifican y amenazan a las personas migrantes con medidas por situación irregular. "Contra los discursos racistas y la criminalización de la pobreza, respondamos como clase", concluyen. "La vivienda no puede ser nunca un negocio, debe estar al servicio de la clase trabajadora".