La Conselleria de Educación valenciana busca ilegalizar la huelga docente en segundo de Bachillerato

La Conselleria de Educación, dirigida por Carmen Ortí, convocó este lunes al comité de huelga para comunicar una "propuesta" de servicios "mínimos" de cara a la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública que arranca el próximo 11 de mayo. Según Levante-emv, la administración ha decretado que el 100 % del profesorado de segundo de Bachillerato cumpla la totalidad de su horario lectivo, es decir, ilegaliza de facto la huelga para este segmento de los docentes durante todos los días que duren los paros, independientemente de si hay exámenes previstos, impidiendo de forma efectiva y vaciando de contenido su derecho constitucional a la huelga.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha justificado la medida alegando que "una alteración de las evaluaciones finales podría limitar de forma irreparable la igualdad de oportunidades del alumnado". Según McEvoy, la prioridad de la administración es "evitar que la situación comprometa su derecho a ser evaluados". Sin embargo, las organizaciones convocantes —STEPV, CCOO, UGT y CSIF— denuncian que la Conselleria emplea la "protección del alumnado" como una herramienta para dificultar la visibilidad y efectividad de los paros y transferir la responsabilidad de la crisis educativa al profesorado en lucha.

La "propuesta" de servicios mínimos de la Generalitat también incluye la presencia obligatoria de un responsable del equipo directivo en todos los centros públicos. Desde UGT-PV han señalado que esta decisión anula el derecho a la huelga en aquellos colegios e institutos donde el equipo directivo es unipersonal. Además, en Educación Infantil y Primaria se exige un profesor por etapa con un mínimo de uno por cada cuatro unidades, mientras que en Secundaria, FP y enseñanzas artísticas se establece un mínimo de un docente por cada diez unidades. Para los centros de Educación Especial, la administración obliga a trabajar a dos educadores por cada cinco unidades.

Desde el comité de huelga rechazan "radicalmente" estas condiciones y aseguran que impugnarán el decreto de forma "cautelarísima" si llega a publicarse en estos términos. El sindicato STEPV ha criticado que la orden "obliga a dicho profesorado a evaluar al alumnado", una tarea que, según sostienen, no corresponde a las funciones propias de los servicios mínimos en un contexto de huelga. Los representantes de los trabajadores consideran que la propuesta es "desmesurada" y refleja el "nerviosismo" de la Conselleria ante la movilización de la comunidad educativa pública.

La imposición de estos servicios mínimos desbarata el derecho a huelga de una parte considerable del profesorado del País Valencià frente al deterioro de sus condiciones laborales. Al decretar un funcionamiento del 100 % en los cursos finales, la Generalitat desactiva el impacto de la huelga en el tramo más sensible del sistema educativo, blindando la posición política de la administración frente a las demandas de los trabajadores del sector. La reunión definitiva para abordar estas condiciones se celebró este martes en la sede de la Consellería de Educación sin acuerdo.