El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una enmienda del PP que elimina el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, impulsado por el Gobierno español en 2022 para paliar el impacto de la crisis energética. La medida, que ha contado con el apoyo de PNV, Junts, Vox y PP, ha salido adelante con 183 votos a favor frente a 166 en contra, dejando al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez sin los apoyos necesarios para prorrogar el gravamen a través de un decreto-ley. Tanto PNV como Junts habían condicionado su respaldo a cambios en la gestión del tributo, como su administración foral y deducciones para inversiones en descarbonización, exigencias que no fueron atendidas.
La decisión ha generado críticas entre los socios de izquierda del Gobierno, como Podemos, ERC, EH Bildu y BNG, que defendían mantener el impuesto “por razones de justicia fiscal”. Desde Podemos, en la misma sesión que han aprobado la ley contra la ocupación junto al resto de formaciones de izquierdas, acusan al PNV y Junts de “actuar bajo la influencia de grandes energéticas como Repsol”. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, justificó su voto “para proteger el empleo y la inversión”. Por su parte, Míriam Nogueras, de Junts, calificó el gravamen de “falso” y “perjudicial para la economía catalana”.
El Gobierno, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado su intención de prorrogar el impuesto mediante un decreto-ley, aunque reconoce la dificultad de lograr su convalidación en la cámara baja sin el respaldo del PNV y Junts. Según declaran fuentes del Ministerio de Hacienda a EFE, “la supresión del impuesto supone un desafío adicional para los Presupuestos Generales de 2025 y podría afectar los compromisos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación Europeo”. La votación evidencia las tensiones parlamentarias y la fragilidad de la mayoría gubernamental en un contexto de negociaciones complicadas.
