En el contexto de los devastadores incendios forestales en California (EEUU), los programas de bomberos reclusos se han convertido en una herramienta fundamental. Según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR), aproximadamente el 30 % de los bomberos estatales son presos, quienes reciben entre 5,8 y 10,24 dólares al día por su labor, cifra que aumenta marginalmente durante emergencias activas. Aunque esta participación permite conmutar penas y obtener certificaciones útiles para su reintegración, organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de EEUU y el Instituto Vera critican las condiciones de trabajo, la escasa formación y las barreras post-liberación para acceder a empleos como bomberos profesionales.
Los datos de un informe de la Universidad de Chicago revelan que los presos que trabajan como bomberos tienen hasta cuatro veces más probabilidades de sufrir lesiones que sus contrapartes profesionales. Además, los beneficios económicos y legales parecen insuficientes para compensar los riesgos, ya que solo una docena de personas se benefició de las oportunidades laborales ofrecidas por la ley AB 2147 desde su promulgación en 2020.
